Piura: S/ 21 de cada S/ 100 que invirtió el Estado se perdieron por corrupción en 2021
La región se ubica en el segundo puesto con respecto a las jurisdicciones con mayores pérdidas absolutas en el país, ya que registra un perjuicio superior a S/ 1.129 millones.
La mañana de este miércoles 6 de julio, el contralor general de la República, Nelson Shack, brindó el Balance de Control Gubernamental del primer semestre del 2022. Durante esta conferencia, el funcionario detalló que, durante el 2021, de cada S/ 100 que invirtió el Estado, S/ 21 se pierden debido a la corrupción e inconducta funcional en la región de Piura.
Esto ubica al departamento en el octavo lugar a nivel nacional en cuanto a mayores perjuicios en proporción al presupuesto invertido. Asimismo, este índice supera el promedio nacional.
Sobre las jurisdicciones que presentan una mayor pérdida absoluta, Piura se ubica en el segundo puesto en el país, solo superada por Lima, con un perjuicio total de S/ 1.129 millones 582 mil 850. Nelson Shack explicó que esto también se debe a que es una región a la que se designa más presupuesto en comparación a otras. Entre los 10 primeros también se encuentran las regiones de La Libertad, Áncash y Cajamarca.
Cabe señalar que, el país perdió S/ 24.000 millones durante el año anterior, de acuerdo con el Índice de Corrupción 2021 de la entidad fiscalizadora. Esto representa el 13% del presupuesto devengado en este periodo.
Acciones en primer semestre
Por otra parte, el contralor detalló que en lo que va del 2022 se han detectado más de 13.000 situaciones adversas en los distintos niveles de gobierno a nivel nacional. Hasta la fecha, no se han reportado acciones para hacer frente a estas irregularidades en 7.600 casos.
“Luego de haber revisado más de S/ 7.400 millones en transacciones a nivel nacional, se encontraron problemas en S/ 1.300 millones y hay un perjuicio económico de casi S/ 400 millones”, declaró.
Asimismo, son 2.093 los funcionarios que habrían cometido alguna falta administrativa, civil o penal. En esa línea, Nelson Shack apuntó que han identificado más de 100 trabajadores públicos a los que la Contraloría General va a iniciar un proceso sancionador. Como se recuerda, a la entidad se le devolvió su capacidad sancionadora, la que comenzará a entrar en operaciones a partir del segundo semestre de este año.