Administrador de Fiscalía en Puno implicado en colusión

El administrador del Ministerio Público en Puno, Juan Carlos Mamani Apaza, está en la mira del despacho Anticorrupción. El fiscal William Otazú Pinto, le inició investigación por el presunto delito de colusión.

El servidor habría otorgado conformidad servicio, por el alquiler de un bien inmueble, como si se hubiese dado uso al 100 % del predio, cuando en la práctica sólo se está usando una parte del terreno.

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El fondo de la investigación es por el alquiler de un terreno de 5,364 m2, donde se guarda las unidades motorizadas materia de investigación de delitos y garaje de la flota vehicular del Ministerio Público, sede Puno.

El predio tiene una puerta de ingreso en la avenida El Ejército N°691 y tiene salida en la avenida Simón Bolívar N° 2484. Fue alquilado en diciembre de 2015, por S/ 6000 mensuales.

Los propietarios José Cuterpino Coya Carrión y Estela Ponce Ramos, desde aquel año a la fecha, firmaron adendas para mantener el contrato de alquiler vigente. Sin embargo, desde el 2020, el Ministerio Público, no hace uso del 100 % del terreno alquilado. Sólo ocupa 3,928 m2. Los otros, 1,435 m2, pendientes de uso, fueron cercados con calaminas.

Pese a que no se usufructúa la totalidad del bien, el administrador Juan Carlos Mamani Apaza, durante varios meses dio conformidad de servicio como si se dispusiera del 100 % para guardar unidades incautadas.

Terreno separado sin uso

El terreno cercado fue separado por los propios para efectuar una construcción. Ello fue consentido por los funcionarios del área de administración de la Fiscalía de Puno, a pesar que se necesita de espacio para guardar unidades oficiales y vehículos objeto de investigación.

Acuerdo bajo la mesa

La República buscó la versión de Juan Carlos Mamani. Empero fue imposible ubicarlo ya que se encuentra de vacaciones. Sin embargo, personal de administración informó que el recorte del terreno fue producto de un acuerdo salomónico con los dueños del terreno.

Fuentes de la Fiscalía en Puno, explicaron que en 2020, los propietarios ya no querían alquilar su terreno por S/ 6.000 soles. Pidieron un monto mayor. El incremento exigido no fue aprobado por la sede central del Ministerio Público. Cuando buscaron otro inmueble, tampoco encontraron un terreno acorde a la necesidad.

Por esa razón, llegaron al acuerdo de seguir pagando el mismo monto, pero les aceptaron a los propietarios cercar 1,435 m2 para propósitos inmobiliarios o alquilar a otra persona. De ello, no hay documentos formales.

Sin embargo, los pagos mensuales por el alquiler por 5,364 m2 se mantuvieron en S/ 6,000. La reducción del área de uso no consta en ninguna adenda y, pese a ello, el administrador otorgaba conformidad de servicio como si se hiciera uso del 100 % del predio. Lima desconocía esos tratos. Según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, hubo perjuicio al Estado, porque el propietario siguió cobrando por un área específica, cuando en la práctica el terreno no tenía la misma dimensión.

Es investigado en Lima

Juan Carlos Mamani Apaza, es investigado porque la sede central de Lima, reveló información de su actuar.

También habría dado conformidad de servicio a empresas de courier, pese a que las empresas ganadoras del contrato, había tercerizado sus servicios y a pesar de ello no cumplía a brindar un servicio a cabalidad.

Si bien los contratos se manejan en Lima, el funcionario era responsable de velar por los intereses administrativos del Ministerio Público. No había actuado solo.