
La Defensoría del Pueblo en Puno solicitó que el Estado peruano asuma la defensa de los ronderos procesados por diversos delitos. El pedido fue formulado a la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Esta demanda fue una exigencia del último Encuentro Regional de Rondas Campesinas de Puno, donde los asistentes hicieron conocer que sus pares de Melgar, Azángaro, Sandia y Carabaya están siendo investigados por usurpación de funciones.
La razón es que presuntamente se abocaron a temas que solo deberían ser abordados por justicia ordinaria y que aparentemente tomaron determinaciones que no tendrían nada que ver con la justicia comunal. La mayor dificultad para los procesados es que no pueden asumir el pago de abogados particulares.
“Urge que el Estado asuma la defensa de ronderas/os procesadas/os ante los órganos del Sistema de Justicia Ordinaria, porque en su mayoría forman parte de los pueblos originarios quechuas y aimaras, en tal sentido, son grupos con mayor grado de vulnerabilidad, que hablan una lengua distinta”, sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona.





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