La Defensoría del Pueblo cuestionó el pedido de sobreseimiento de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo al Poder Judicial de la investigación preparatoria contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) por el delito de omisión de funciones en el caso de la obra de saneamiento del casco central paralizada hace ocho años.
Con el Oficio N.° 179, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, informó a la jueza del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Costa González, los hechos relacionados a la obra de mejoramiento de las redes de alcantarillado y agua potable, la cual está paralizada desde el 20 de mayo de 2013.
En esa línea, Hidalgo afirmó que los funcionarios de la administración del exburgomaestre David Cornejo y de la gestión del alcalde Marcos Gasco no presentaron el peritaje y el expediente técnico de obra al Ministerio de Vivienda y Construcción (MVCS) a fin de que transfiera el presupuesto para culminar los trabajos.
En ese sentido, aseguró que a pesar de que los servidores municipales no gestionan ante el Ejecutivo la culminación de la obra y al grave problema del sistema de saneamiento, la Fiscalía Penal pidió al Juzgado de Investigación Preparatoria el sobreseimiento del caso, el cual contiene el Expediente Judicial N.° 7649.
Asimismo, precisó que el representante del Ministerio Público abdicó a su función de investigar eficientemente, pues considera que no hay indicios de delito para determinar la responsabilidad de los involucrados, aún cuando el Programa Nacional de Saneamiento Urbano del MVCS, mediante el Informe N° 037-2021, señaló que los funcionarios incumplieron con remitir los documentos técnicos.
“Está probado que los funcionarios de la MPCH incumplieron con dicha exigencia, mientras la población debe soportar aniegos de aguas servidas, debido a que las redes de alcantarillado tienen más de 50 años de antigüedad”, explicó a La República.
Manifestó que la Fiscalía inició la investigación preliminar el 9 de enero de 2018, pero el 12 de setiembre del mismo año dispuso no ha lugar la formalización de la investigación preparatoria.
Sin embargo, anotó que la Fiscalía Superior Penal revocó la resolución y ordenó formalizar la investigación preparatoria.
Hidalgo enfatizó que el fiscal tampoco realizó las diligencias necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos.