Empresas creadas un año antes de la pandemia facturaron millones con el Estado en Piura

Una serie de empresas constituidas un año antes y durante la pandemia de la COVID-19 lograron facturar cerca de 3 millones de soles con entidades del Estado, valiéndose de las de contrataciones directas que facilitó el Gobierno central para salvaguardar la vida de los más vulnerables en todo el país.

La empresa Terranouva Perú Servicios y Construcciones S.A.C. obtuvo su primer, y único, contrato en medio de la segunda ola del coronavirus, con tan solo cinco meses de haber sido creada, gracias a la ejecutora de Salud Morropón Chulucanas, en marzo de 2021.

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Pese a no tener ningún tipo de experiencia como empresa, los integrantes de Terranouva Perú, Cristian Condezo Yanac y Walter Leodan Bermeo Huertas, lograron facturar la suma de S/ 169.600 para la construcción de un cerco perimétrico donde se instalaría una planta de oxígeno, en el distrito de Huancabamba.

Con tan solo un mes de creación en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la empresa TZN Ingeniería y Construcción E.I.R.L. de Carlos Alberto Tezen Ruiz logró contratar, como consorcio, con la Municipalidad Provincial de Huancabamba el 21 de agosto de 2020.

Los trabajos a ejecutar fueron la limpieza de descolmatación del río Huancabamba a la altura de los caseríos Lucho y Laumache por S/ 79.500. La empresa también registra una orden de servicio por el mismo monto, cinco días después de firmar su primer contrato.

Como persona natural con negocio, Vanessa Urgiles Forfui registró su inscripción en la Sunat en febrero de 2020, y empezó a contratar con el Estado en agosto de 2020. La proveedora vendió mascarillas N95, y lejía hipoclorito de sodio, a la Municipalidad Distrital de Catacaos por S/ 54.054.

Asimismo, registra las órdenes de compra nº 4381 y nº 4391 con la unidad ejecutora de Salud Luciano Castillo Colonna por S/ 4.238 y S/ 4.443 respectivamente. Ambas se produjeron 22 de diciembre de 2020.

Contratos

En noviembre de 2019, Julio Cruz Chunga y Juan García Núñez Marlon establecieron la empresa Staff Perú Contratistas Generales S.A.C. que contrató en repetidas oportunidades con el Gobierno Regional de Piura, en medio de la pandemia por la COVID-19.

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) reportó que los empresarios facturaron durante la pandemia S/ 733.600 por contrataciones directas y dos contratos adicionales fuera del registro COVID por S/ 431.004 y S/ 302.526.

Asimismo, registran una serie de órdenes de compra y servicio con la misma entidad por S/ 165.306 por la venta de materiales de protección para el personal médico.

En un contexto de decenas de muertes diarias por COVID-19, en junio de 2020, la Policía Nacional del Perú Región Piura contrató con la empresa iqueña Inversiones Ecogrune S.A.C. para las desinfecciones de sus locales.

Pese a que no contaba con ningún tipo de experiencia, Ecogrune S.A.C. recibió el pago de S/. 625.858 por sus labores, que corresponde a su único contrato registrado hasta el momento.

Entre las entidades que celebraron los demás contratos se encuentran la Municipalidad de Miguel Checa, Municipalidad de Castilla, el Hospital Santa Rosa y la Municipalidad de Chalaco.

El cruce de información entre la OSCE y Sunat reveló que en total fueron 10 proveedores, formalizados a partir de marzo de 2019, quienes lograron contratos con el Estado llegando a facturar la suma de S/ 2 939 129, a pesar de no contar con una experiencia amplia.

Observados

El especialista en contrataciones del Estado de la Universidad de Piura, Orlando Vignolo, explicó que, si bien las contrataciones directas no tienen una fase de selección abierta competitiva por ser de urgencia, queda a criterio del funcionario encargado escoger a una empresa con experiencia, con el objetivo de que garantice la culminación correcta del contrato.

“Una empresa creada para la emergencia es simplemente una figura jurídica sin experiencia, y no puedes usar un contrato de emergencia para alguien que no la tiene, eso es irresponsable. Se pone en riesgo el contrato adjudicado”, sostuvo.

Por su parte, el especialista en derecho penal, Harold Romero, manifestó que de llegar a comprobarse algún trató bajo la mesa, entre alguna entidad del Estado y una empresa, en medio de la emergencia sanitaria, se estaría cometiendo el delito de colusión agravada. Indicó que tanto el funcionario como los proveedores podrían ser sentenciados con un mínimo de ocho años de cárcel.

Más de S/ 120 millones por emergencia

El Organismo supervisor de contrataciones del Estado reveló que desde el inicio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta mayo de 2021, las entidades del Estado en Piura contrataron con 312 empresas por un monto total de S/ 126 884 341.

Entre las empresas con mayor número de contratos se encuentran Air Products Perú S.A. con nueve transacciones, Alfy Médica E.I.R.L. con seis, Inversiones Mivena S.R.L. con siete, entre otras. Cabe resaltar que la mayoría de contrataciones directas responden a compras de medicamentos, materiales de protección y alimentos para canastas COVID.