
Las empresas Concar S.A. y Obras de Ingeniería S.A (Obrainsa) del Club de la Construcción, desistieron de los 150 millones de soles que pretendían cobrar al Gobierno Regional del Cusco en dos arbitrajes.
Los procesos arbitrales duraron siete años y terminaron después de que ambas empresas llegaron a un acuerdo preparatorio de colaboración eficaz con el equipo especial del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato en torno a 16 proyectos que ejecutaron en el país en los cuales existen visos de corrupción.
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El procurador público del gobierno regional, Pedro Galicia, explicó que Concar y Obrainsa demandaron a su representada por el incumplimiento del pago de valorizaciones en la Red Vial 1 que abarcaba a las provincias de Cusco, Paruro, Chumbivilcas, Canas y Espinar, y la Red Vial 3 que contempla la carretera entre las provincias de Calca y La Convención. Actualmente las vías están abandonadas.
Además de los años que duraron los procesos, el Gobierno Regional de Cusco invirtió en su defensa más de dos millones de soles. Tras el desistimiento de Concar y Obrainsa, Galicia señaló que las empresas devolverán dicho monto a las arcas de la región imperial.





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