Después de cuatro años del incendio que los dejó sin hogar, el paso de tres gestiones presidenciales, y la llegada de una pandemia, a los dirigentes de la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo se les ha informado que en esa zona no será posible construir el prometido complejo habitacional, debido a los altos niveles de contaminación y a su inviabilidad económica.
Así lo refieren los dirigentes Vladimir Inuma y Ricardo Franco, así como Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes hace tres semanas participaron en una reunión con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para conocer el estado de este proyecto, nacido en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (2016), el cual planteaba la construcción de viviendas, y la habilitación de agua, desagüe y veredas para las 238 familias que integran la primera comunidad nativa del Perú.
Según detallan, en esta cita se les presentó los resultados de un nuevo estudio (de octubre 2020) que evidenciaba altos niveles de plomo y arsénico en el lugar, por lo que requeriría labores de remediación antes de cualquier construcción. Sin embargo, no habría recursos suficientes para ello. “La comunidad está indignada. Los reúnen después de meses para decirles que el proyecto es inviable económicamente. No entendemos cómo el Gobierno puede ser tan ineficiente. Ha invertido mucho estos cuatro años. Y ni siquiera les han dado alternativas”, dice la abogada Mar Pérez, quien acompaña todo el proceso.
La indignación crece debido a que en octubre del 2017, a pedido de Vivienda, todas las familias abandonaron el espacio que ocupaban por 15 años para que comiencen las obras. “Al hacer eso, desmontaron sus casas, la conexión de agua, la escuela, perdieron ingresos”, dice Pérez. Sin embargo, pasaron dos años sin mayores avances y conflictos por la superficie del terreno, por lo que decidieron volver. “Están peor que antes de la intervención. No solo no se ha cumplido promesas, sino se ha generado impacto”, refiere.
Ricardo Franco, presidente de Avshil, refiere que Vivienda se ha comprometido a presentarles propuestas concretas de otros terrenos en la quincena del mes. “Nos han dicho que es imposible (construir) y buscarán alternativas. Pero si la población quiere quedarse, emitirán un decreto para que el otro gobierno siga con el proyecto”.
Por su parte, el dirigente Vladimir Inuma señala que ya no abandonarán Cantagallo y pide que, más bien, se cumpla con el saneamiento físico legal y que les entreguen un título de propiedad para que ellos busquen financiamiento del exterior. Esperan que, por lo menos, queden como antes de su salida. “Nos dijeron que cumplirían en 16 meses y no hicieron nada. No somos un estorbo, somos un aporte. Juegan con nosotros”.
Además, solicitan que el Ministerio de Educación instale módulos para el dictado de clases presenciales, y esperan una reunión con la ministra de Vivienda, Solángel Fernández. Este sector aún no se ha pronunciado sobre el tema.