La Contraloría General identificó deficiencias en la gestión sanitaria y capacidad de respuesta ante la COVID-19 en el primer nivel de atención del Establecimiento Penitenciario de Piura, por lo que recomendó la pronta adopción de acciones a la Oficina Regional Norte Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de salvaguardar la integridad y salud de los internos y trabajadores.
De acuerdo al informe de Visita de Control N° 5660-2020-CG/GRPI-SVC, los ambientes acondicionados para la atención de internos contagiados con coronavirus no cuentan con el equipamiento mínimo requerido, lo que genera el riesgo de complicaciones en su salud.
Durante la visita realizada, se evidenció que no cuentan con camilla fija, balanza con tallímetro digital adulto y lámpara de diagnóstico. Tampoco se encontró un monitor de funciones vitales en el ambiente de hospitalización temporal ni ventilador volumétrico en el área de cuidados críticos temporal.
También se constató que los ambientes de hospitalización temporal y de cuidados críticos no se encuentran diferenciados, por ello los internos comparten la misma área, lo cual no es acorde a la normativa del Ministerio de Salud.
Se observó además acumulación de residuos sólidos, por más de tres meses, en el centro médico del penal, debido a que la empresa no los había recogido desde el inicio de la cuarentena. Esta situación expone a la población penitenciaria y a los propios trabajadores a contaminación.
Respecto a las dos unidades móviles destinadas al transporte asistido de pacientes, se evidenció que no posee equipamiento, medicamentos e insumos mínimos.