Feline Freier explica los riesgos de las personas refugiadas en Perú

Más de 800 venezolanos fueron encuestados sobre si se consideraban refugiados al llegar a la frontera entre Ecuador y Perú. Solamente 38 por ciento creía que eran refugiados. Un 93 por ciento explicó que salió para sobrevivir. Tras leerles la legislación internacional y leerles la definición de refugiado de Cartagena, 59% se denominó refugiado.

La investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) Feline Freier ha realizado múltiples estudios sobre la población refugiada en América Latina. Como parte de la serie “Historias que Inspiran” de ACNUR con el apoyo de La República y TEDTukuy, explica de manera sencilla qué es un refugiado, cuál es la legislación internacional y en el Perú, y sobre todo cómo crear políticas públicas para proteger a quienes huyen de sus hogares y fortalecer sus comunidades de acogida.

Feline además explica el impacto de la pandemia en la población refugiada y migrante que está en una situación de mayor desprotección que la población local a causa de la mayor informalidad, la falta de redes de contactos, y su precario estatus migratorio. Al 15 de junio, 43%, ha perdido su trabajo y 49% enfrenta riesgo de desalojo.

Este tipo de análisis y estudios son clave para la realización de políticas públicas. ACNUR trabaja en colaboración con la academia para generar una base sólida de fuentes confiables en la recolección de información que permita brindar una mejor respuesta y alcanzar a toda la población refugiada y migrante del país. Además, realiza monitoreos de protección para evaluar las necesidades y vulnerabilidades de refugiados y migrantes.

El último monitoreo de ACNUR se realizó por primera vez de manera remota en junio y coincide con los resultados del estudio presentado por Feline Freier. 77 por ciento de los 500 entrevistados en Arequipa, Cusco, Lima, Tumbes, Tacna, comen dos o menos veces al día por falta de acceso a alimentos. En este contexto 29 por ciento reportó haber sido víctima de al menos un riesgo de protección como son robos, agresiones y desalojos.

ACNUR realiza monitoreos de protección periódicos desde 2019, que han alcanzado más de 20.000 personas encuestadas para un mejor diagnóstico y detección de necesidades de la población.