“Lo que está pasando con el coronavirus (COVID-19) en los pueblos indígenas de la Amazonía es el segundo genocidio del Baguazo”, afirmó el líder awajún Salomón Awananch, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian). En tanto, Wraíz Pérez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), aseguró que el Estado ha abandonado a los pueblos originarios en esta coyuntura y, además, dijo: “Nosotros también somos ciudadanos”.
Desde la creación del “Plan de intervención del Ministerio de Salud (Minsa) para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía frente a la emergencia de la COVID-19″, bajo la Resolución Ministerial Nº 308-2020 con fecha 21 de mayo, tanto el pueblo awajún como wampís no reciben la atención inmediata, urgente y necesaria. Han pasado más de 85 días de estado de emergencia y aislamiento social y, hasta la fecha, la promesa de atención aún no se ha implementado en estos pueblos.
Los awajún y wampís son los indígenas de la lucha y la resistencia en el conflicto social del año 2009 en Bagua, Amazonas. En defensa de sus derechos indígenas, el territorio y el medio ambiente, alzaron su voz de protesta contra los cuestionados decretos legislativos promovidos por el Estado en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos. Los históricos protagonistas del Baguazo ahora se enfrentan al coronavirus y a pesar del abandono del Estado y su precario sistema de salud se organizan para defender su derecho a la vida y la salud.
En diálogo con La República, Salomón Awananch, presidente de Orpian, organismo que representan al pueblo awajún en Amazonas y Cajamarca, informó que el coronavirus se encuentra en su territorio y que aunque no tiene la cifra exacta de contagiados, sabe de 62 indígenas aislados y 1 muerto. El líder originario ha manifestado que permanece en cuarentena por una gripe aguda, la cual atiende con medicamentos de sus plantas ancestrales.
Salomón Awananch, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian). Foto: CAAAP.
“Nosotros solo vemos planes y cronogramas de intervención (...) Nosotros exigimos acción y un cumplimiento efectivo de atención”, afirmó. Los puestos de salud de las 385 comunidades que representa Orpian no cuenta con implementación de medicamentos, mochila fumigadora, alcohol en gel, mascarillas ni mucho menos oxígeno medicinal para prevenir y curar el coronavirus. Pese a la crítica situación, él se mostró optimista y asegura que el pueblo awajún vencerá la enfermedad.
El líder indígena aseveró que, con base a sus acuerdos en asambleas y sus propios reglamentos, desde la declaratoria del estado de emergencia han decidido cerrar sus fronteras territoriales y no dejar ingresar a ningún extraño. Sin embargo, a raíz de las migraciones de varios de sus “hermanos”, la adquisición de víveres y el incumplimiento de las medidas de prevención, las comunidades se han infectado, siendo el distrito de Imaza, en Bagua, la más afectada.
La demora e incompetencia del Ministerio de Cultura (Mincul), ente rector de pueblos originarios, para intervenir en las comunidades nativas y las deficiencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en entregar los bonos a los indígenas vulnerables son consecuencias de una falta de representación indígena verdadera en los órganos Gobierno. “Es necesario una reestructuración para el beneficio de los pueblos originarios”, sentenció.
Wraíz Pérez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW). Foto: Marcio Pimenta.
En el pueblo wampís hasta la fecha no hay un reporte de indígenas contagiados ni víctimas del coronavirus, según la declaración de Wraiz Pérez, presidente de GTANW, que representa a 22 comunidades nativas en Loreto y Amazonas. Sin embargo, enfatizó que estos resultados es gracias a su plan de contingencia interno de medidas de prevención de la COVID-19 en su territorio.
En diálogo con La República, el líder wampís contó que cerraron sus fronteras territoriales y se declararon en aislamiento social obligatorio para evitar el brote del coronavirus. Relató que sus mejores aliados fueron las rondas campesinas y los militares, a quienes proveyeron con víveres y combustible para asegurar la vigilancia.
Coordinación de los wampís con militares y rondas campesinas para reforzar vigilancia. Foto: GTANW.
Sin embargo, un hecho amenaza las medidas adoptadas por los wampís y es que en mayo tomaron conocimiento del ingreso a su territorio por personal de la empresa petrolera Geopark, en pleno aislamiento social. Este hecho no solo constituye una amenaza a sus derechos indígenas, sino un riesgo de propagación de la COVID-19 que atenta contra la salud de los indígenas.
Geopark es titular del 75 % del Lote petrolero 64 en el Yacimiento Situche Central, Loreto, donde pretende operar su Proyecto Morona. Esta compañía utiliza como base de operaciones al campamento militar Sargento Puño, ubicado en territorio wampís. En el año 2019 su estudio de impacto ambiental recibió observaciones por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), y posteriormente fue retirado por la misma empresa en junio del mismo año.
El líder wampís denunció penalmente a la compañía y a otros miembros de la misma ante la Fiscalía Provincial Penal de Datem del Marañón en Loreto el 26 de mayo. “Nosotros no estamos en contra (de las actividades extractivas) pero hacemos que las empresas cumplan con los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente, nacionales e internacionales. En mi experiencia, estas solo llegan a contaminar, no les importa la vida de los pueblos originarios", dijo Wraíz Pérez.
Además, recordó que lo sucedido en Bagua fue por falta de diálogo y por la manifestación pacífica emprendida para el respeto de sus derechos indígenas. "El expresidente Alan García y sus autoridades no quisieron dialogar. Tampoco querían derogar los decretos legislativos que vulneraban nuestros derechos como pueblos (...) Nosotros trabajamos para que (el Baguazo) nunca se repita”, aseveró.
Por su parte, la compañía petrolera rechazó la denuncia del GTANW mediante un comunicado de prensa con fecha 2 de junio. " Ningún empleado de Geopark ha efectuado visitas, reuniones o ha tenido contacto físico con las comunidades vecinas del área de influencia directa ni indirecta del Proyecto Morona”, afirmó.