
Por: Milagros Berríos con la colaboración de Julia Saldaña y Gisella Vásquez
Loreto en crisis. A las denuncias interpuestas en contra de las autoridades regionales se suma ahora un presunto maltrato que habrían sufrido los pacientes del sacerdote y médico Raymond Portelli, impulsor de la colecta pública que permitió recaudar casi un millón y medio de soles para la compra de una planta de oxígeno en la ciudad de Iquitos.
A inicios de abril, el Gobierno Regional anunció que el Centro Espiritual Kanatari, que pertenece al Vicariato Apostólico de Iquitos, albergaría a los pacientes de Covid-19 que no requerían hospitalización. A cargo quedó el párroco Raymond Portelli.
No obstante, la noche del último domingo, en la víspera de la llegada del ministro de Salud, Víctor Zamora, alrededor de 70 pacientes de dicho centro fueron trasladados al Colegio Mariscal Óscar R. Benavides (MORB), que también recibe a contagiados por el Covid-19.
Varias denuncias, por redes sociales, dieron cuenta de que este traslado puso en riesgo la salud de los pacientes, no solo por las condiciones en las que se hizo, sino porque el colegio no contaba con la infraestructura adecuada para recibirlos: las camas eran similares a tarimas y a las ventanas de las aulas les faltaban lunas. Además, dijeron, los ambientes no estaban aseados. “Muchos pacientes con neumonía corren el riesgo de mojarse en una lluvia o resfriarse por la falta de ventanas”, señaló el usuario Daniel Ponce, quien hizo público el caso.
También se alertó de que otros pacientes derivados por Portelli, con receta médica, no habían sido recibidos en el MORB.
Al respecto, el padre Raymundo descartó que haya conflictos con el Gobierno Regional, pero sí precisó que él no había sido comunicado del traslado de pacientes de Kanatari, donde trabajaba hace tres semanas con un equipo de médicos y enfermeras. “Creo que se tomó una decisión -no he estado en la reunión- de concentrar a pacientes en un lugar más grande (...). En mi opinión era mejor quedarnos a trabajar ahí, entendiendo que no atendemos pacientes graves, ni moderados. Pero las decisiones no las tomamos nosotros. Nosotros ofrecimos el lugar”, refirió.
Él ahora brinda atención médica a pacientes leves en su parroquia San Martín de Porres. “Mi única esperanza es que continúe el abastecimiento de medicinas”.
En relación a que no aceptaron a sus pacientes en el colegio MORB, dijo que se trataría de un problema de coordinación, el cual seguramente se ha registrado con otros médicos. “Creo que no los han aceptado porque no tiene oxígeno o suficiente medicina, no por mala intención. No creo que sea por mi firma. Ponemos al lado temas personales y políticos. Estamos en un momento en el que, en vez de crear división, debemos buscar la unión. Yo hago un llamado a todas las autoridades: coordinen, tomen bien las decisiones, comuníquenlas a todo nivel, y que se cumplan”, agregó a la radio La Voz de Loreto.
Precisamente, una muestra de la solidaridad a la que hace referencia ha sido la compra de la primera planta de oxígeno, que llegará este fin de semana y abastecerá 30 balones de oxígeno diarios. Estará ubicada en el Hospital Regional de Loreto, que funciona como centro de operaciones ante la pandemia. Ya se está en coordinaciones para la compra de la segunda planta.
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Fuentes de la dirección de Promoción de Salud del Minsa en Iquitos indicaron a La República que el traslado de Kanatari obedeció a que no tiene la infraestructura para la observación a los pacientes y descartó malas condiciones en el centro educativo MORB. “Hemos optado por instituciones educativas donde con solo salir a una puerta, el paciente se pone en comunicación con el personal de salud. Eso no sucedía en Kanatari”, dijeron.
En relación a las denuncias por la habilitación de los ambientes del colegio, refiere que los pacientes se encuentran en camas de campaña proporcionadas por Defensa Civil. “Los trasladamos estables, nadie tiene neumonía. Lo hicimos por la noche, en pleno toque de queda, porque la gente rechaza a los contagiados por Covid-19”.
En tanto, los fiscales Paul Peralta e Ingrid Garrido señalaron que investigan una presunta colusión por compras sobrevaloradas de balones de oxígeno de funcionarios del gobierno regional a sus familiares. También se hace seguimiento al sobrecosto de medicinas y oxígeno.
Según informaron vienen recabando información sobre la distribución de medicamentos que han llegado a Lima, ya que -según se denuncia- habría casos en los que se está vendiendo los productos del Estado.
En el caso del acceso a oxígeno, se ha detectado que hay sobrecostos en la venta particular de los balones luego de que los hospitales ya no estén abastecidos. Así, por ejemplo, si recargar un balón le costaba 90 soles a las familias, ahora esto vale 1.500 soles. En tanto, la venta de un balón completo llega a los 3.500 soles.
Esto último está siendo investigado por 5 de los 12 profesionales de la Fiscalía Penal de Turno. Los otros 7 han sido contagiados de Covid-19.
Y en medio de todo esto, el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, sigue tratamiento domiciliario contra el Covid-19. En la región hay más de 1.500 casos y 67 muertes confirmadas.





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