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Once detenidos, por el caso Ladrillo Sindical del Sur, fueron liberados por el juez José Luis Vilca Conde. El magistrado no halló consistencia en los elementos de convicción presentados por la fiscal Rosmery Mendoza, quien pedía 36 meses de prisión preventiva para ellos para investigarlos por los delitos de organización criminal y extorsión.
El juez José Luis Vilca Conde arribó a la sala a las 18:30 horas. Afuera de esta, se escuchaban las protestas del gremio de Construcción Civil. Adentro los murmullos de conversaciones se confundieron con algunas risas de los detenidos, quienes bromeaban entre sí, como si estuvieran seguros del desenlace. La fiscal del caso, Rosmery Mendoza, no apareció y envió a su adjunto.
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En las audiencias pasadas, el juez ya había llamado la atención a la fiscal por la falta de contundencia en las pruebas. Ayer desbarató rápidamente la existencia de una organización criminal. Indicó que las pruebas contra el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, no acreditaban que fuera cabecilla. Por tanto, tampoco podría existir la red criminal.
Entre los elementos señalados por la fiscalía, estaban documentos incautados; por ejemplo, actas de acuerdos de paralización de obras. El juez dijo que los papeles no indicaban que Chapa hubiera ordenado algún ilícito para obtener beneficio propio o de terceros.
No califica la extorsión El juez analizó si el delito de extorsión calificaba para cada imputado. En el caso de Chapa, la fiscal Mendoza acreditó como prueba conversaciones donde Chapa hablaba del pago de un cheque. Sin embargo, para el juez, ello no aclara si se cometió algún ilícito.
También se nombró una conversación entre Chapa y otro imputado, el secretario de Construcción Civil, Andrés Saya. En el diálogo, hablan de “golpear” al gobernador regional Elmer Cáceres Llica. Para el juez Vilca Conde, el extracto tampoco aclara si existió la extorsión.
En el caso de Andrés Saya, líder de Construcción Civil, hubo declaraciones de testigos, que señalaron que Saya visitó una obra de la empresa Smart Diseño, donde habría exigido una bolsa de trabajo para el sindicato, así como el pago de la cuota sindical para todos los trabajadores, incluso para los no agremiados. A pesar de la coincidencia de testimonios, el juez señaló que no había otro elemento de convicción que aclare si Saya obtuvo beneficio económico o de otro tipo. Tampoco se presentó un elemento que certifique que la empresa hizo el depósito de la cuota sindical; por tanto, se desestimó este delito.
Sobre las conversaciones de WhatsApp, el juez indicó que estas no indicaban la organización de actos de violencia o amenazas hacia terceros.
El juez también halló la inexistencia de indicios de delito para José Rubén Díaz Díaz, Alfredo Mojica Valdez, Helber Dagoberto Quispe León, Genaro Jorge Tapia Quispe, Teófilo Maldonado Yanapa, José Manuel Quispe Flores, Juan Alberto López Mamani, Juan Aurelio Álvarez Tinuco y Juan Alberto Calle López. Los liberados estuvieron detenidos desde el 14 de noviembre.
José Luis Vilca Conde descartó que exista peligro de obstaculización de los imputados, porque no hay sospecha grave de que hayan cometido los delitos imputados por la fiscalía.