José Víctor Salcedo
La sesión del Consejo Regional de Cusco terminó en un intercambio de críticas el martes último. El motivo fue nuevamente el “blindaje” a la cuestionada secretaria técnica, Reyna Loayza. Siete consejeros votaron por removerla de su cargo y diez respaldaron su permanencia.
Unas horas después, el presidente del Legislativo, Jorge Segura, fue captado almorzando con la secretaria y los consejeros de su grupo. Este enfrascamiento por Loayza se arrastra desde el inicio de esta gestión, algo que en nada beneficia a la región.
Por estar abocados a estos menesteres, los consejeros no están cumpliendo su labor. En nueve meses de labor legislativa, solo aprobaron una ordenanza regional y la corrección de otra que provino de la gestión pasada. Además, la única norma aceptada —N.° 163-2019— fue una propuesta elaborada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
Esta ordenanza declara de necesidad pública la priorización de la mano de obra regional y local en las convocatorias de nuevos puestos de trabajo. Además, califica de muy grave el despido de trabajadores peruanos para contratar a personal extranjero en condiciones de subempleo e informalidad. Se aprobó el 30 de mayo de 2019.
Los consejeros también aprobaron la corrección de la Ordenanza 166-2018. Cambiaron la frase Ministerio de Salud por Dirección Regional de Salud (Diresa) en una norma que permite el desplazamiento del personal de salud.
En contraste, hay una sobreproducción de acuerdos regionales: 161 en total. La mayoría son citaciones a funcionarios regionales. No obstante, después de las sesiones, no se hacen informes con recomendaciones o sugerencias. Los acuerdos a destacar son aquellos que encargan a la Comisión de Ética investigar a las consejeras Lizeth Auccapure y Jheidi Hancco por suscribir contratos con el Gobierno Regional de Cusco.