Luis Paucar
Todavía quedan rastros.
Debajo de la ropa ligera —en los brazos, por el abdomen, entre los muslos— todavía quedan rastros.
—Olvidar he querido, pero hay cosas que se te quedan, te persiguen. Fue hace diez años. Estaba volviendo a casa cuando apareció el carro de la policía. Me pidieron el DNI, me acorralaron, yo no sabía.
Era el 25 de febrero de 2008 y Azul Rojas Marín —que entonces se llamaba Luis Alberto, 27 años, homosexual— se hizo una bendición y rezó ese salmo que dice el Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
No sabía quiénes eran, pero después hasta memorizó sus nombres: Luis Miguel Quispe Cáceres, suboficial de tercera; Juan Isaac León Mostacero, suboficial; y Dino Horacio Ponce Pardo, técnico de segunda.
—Me gritaban: cab**, te gusta la pi**a, ¿no? Me empezaron a golpear con la vara de uso. Me subieron a la patrulla, me llevaron a la comisaría. Y no entendía por qué— cuenta a La República, desde algún lugar remoto donde está escondida.
Foto: Captura Panorama.
Tiene las uñas pintadas de rojo al igual que los labios, el cabello castaño cayendo en cascada, la voz monocorde y serena, más bien hastiada.
—Allí siguieron pegándome. Me desnudaron. Trajeron agua en un balde, mojaban la vara de uso y me golpeban adelante, mira, así. Contra la pared. Después pasó... dos veces. Dino Ponce me introdujo la vara de uso dos veces.
Anuda los dedos, cruza las piernas. Luego recuerda que pidió agua, que le trajeran su ropa, que tuvieran piedad.
—Por favor, les pedí por favor, pero no se detuvieron durante toda la noche. Estuve sangrando hasta el amanecer, gritando de dolor. Me quedé tirada. Cuando amaneció, un oficial me tiró mi ropa, me la puse, la manché con sangre. No tenía fuerzas.
Foto: Captura Panorama.
Todavía quedan rastros, pero desde que sucedió, Azul Rojas Marín ha contado la misma versión de su historia: de cómo tres policías la torturaron en la comisaría de Casa Grande —hoy clausurada—, y cómo actuó la justicia peruana cuando los denunció.
Una década después —tras romper las lunas del municipio local para que la escucharan, luego de pasar días en la Fiscalía, con la misma ropa que fue violentada, para que revisaran su denuncia; de aparecer en los medios diciendo que no se prostituía, que trabajaba en una posta y que, por las noches, vendía salchipapas para ayudar a su familia: que no entendía por qué—, su historia está a punto de marcar un hito por lo que sigue.
Es el primer caso de tortura hacia un miembro de la comunidad LGTBI que llega a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Magistrados de la CIDH en caso Azul Rojas Marín vs. Perú. Foto: Twitter.
Este martes, un día antes de su cumpleaños, se realizó la primera audiencia pública: en rigor, Azul enfrenta al Estado peruano y al sistema judicial que le dio la espalda. Eso, sin embargo, ha traído consecuencias: está perseguida, amenazada de muerte y en la clandestinidad.
—Me siento cansada. Harta. Perdí mi carrera, a mi madre, a mi familia, ¿quién me repone mi vida?, ¿quién va a devolverme todo esto? No te imaginas lo que han sido estos años, lo que es estar sola, vacía, tener que esperar... Esto me ha cortado la vida. Mi vida.
Azul llora, llora breve, pero se recompone con tanta facilidad que uno puede pensar que ya está acostumbrada. Dice que es Dios.
—Es Dios... Dios me sostiene, Dios nunca te da una cruz que no puedes cargar.
Luis Alberto Rojas Marín nació el 28 de agosto de 1981, pero a los quince o dieciséis ya sabía que en algún momento se llamaría Azul.
Quería ser doctor, de modo que cuando terminó la secundaria —con un diploma que le otorgaba el cuarto puesto de su promoción— postuló a la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.
Aunque no ingresó, al siguiente mes ya hacía cursos de enfermería en el Instituto Superior Tecnológico Estatal ‘Chocope’, de donde egresó como técnico.
Con ese respaldo consiguió trabajo, aunque con un sueldo austero, en la posta de salud local.
Era promotor de salud y algunos fines de semana iba a los suburbios y recomendaba, entre otras cosas, el uso del condón para evitar embarazos no deseados.
Por la noche, junto a una de sus amigas, se ayudaba con la venta de salchipapas en el centro de Casa Grande, a quince minutos del centro poblado donde vive, Lache. A casa llevaba víveres, ropa, dinero, pero nunca preocupaciones.
Y como se rehusaba a dar preocupaciones, un día sentó a Juana Rosa, su madre, y le contó eso que ya era evidente: a partir de entonces se llamaría Azul, como el color del cielo, del ancho mar.
Dice que se abrazaron y después la abrazaron sus hermanos. Nadie lloró, nadie cuestionó, nadie se alarmó demasiado.
Foto: Facebook.
—Por eso me sorprendió que no me apoyen cuando me pasó eso—dice Azul; una cadenita recorre su cuello—. Conmigo solo estuvo mi mamá, ¿me entiendes? Las dos: solas. Mis hermanos se fueron.
Sus hermanos se fueron. Cuando hizo pública la denuncia de violación y tortura a manos de tres policías, sus hermanos —Paul, Juan, Leysa, Miguel, Eva, Jaime— se fueron de casa para estar tranquilos, ajenos a las amenazas.
Desde entonces solo fueron ella y Juana Rosa, una mujer de arrugas profundas y vestidos floreados con quien asistiría a las audiencias y en busca de ayuda legal en diversas organizaciones.
Padre nunca hubo, o sí: Azul sabe que existe, pero no quiere conocerlo.
Juana Rosa era el epicentro de sus emociones, un músculo motor. Pero como la vida es como es y no como uno quiere que sea, un domingo, el Día de la madre, hace dos años, ella murió en una sala de hospital producto de un infarto.
Azul recuerda que la tomó de las manos, le dio un beso en la frente y se desbordó en silencio.
—Murió por todo esto. Me hubiera gustado que nunca sepa, pero quizás yo no hubiera tenido la fuerza para denunciar y seguir buscando justicia.
Toma una lágrima y la deshace entre sus dedos con una rabia sublime. Luego continúa:
—Esto es también gracias a mi madre, pero sigo creyendo que se fue pronto. Yo no quería contarle. A veces lamento que se haya enterado, pero después recuerdo que me acompañó en todo, de aquí para allá. Ella me decía: sigue, sigue, sigue, Dios tarda, pero nunca olvida.
Azul Rojas Marín. Foto: Difusión.
***
Detalles salpicados. Detalles que son, al mismo tiempo, una herida.
Un día después de la violación, cuando Azul despertó, corrió llorar al corral donde criaba cerdos. No quería que la vieran así, dice.
—Pero madre es madre. Madre hay una y me tocó. Me vio llorando. Se me acercó y le conté todo, todo. Verla llorar me llenó de rabia y en ese momento estallé.
Llena de rabia, fue a la comisaría de Casa Grande a denunciar el ultraje junto a Juana Rosa.
Como no fue atendida, esperó uno, dos días, y el 27 de febrero de 2008, tras aparecer en los medios de Trujillo, un suboficial acudió a su casa a tomar sus declaraciones. Con las declaraciones tomadas, y con el esfuerzo torpe de un primer abogado, el caso llegó a la Fiscalía de Ascope.
—Si preguntas a cualquiera en Casa Grande— interviene Azul—, te va a contar cómo fueron esos días: de aquí para allá, reventando puertas para que nos escuchen, solas, golpeando las mesas: porque aquí el que no grita se muere.
Pasó por el médico legista a los dos días y en medio de preguntas como “¿ha tenido sexo con su pareja?”, “¿está seguro que quiere denunciar?”, “¿no se está confundiendo?”.
En todo ese tiempo, no se bañaba ni se cambiaba la ropa. Así, con sus prendas manchadas de sangre, se apostó afuera del municipio y rompió las lunas, después protestó en la Fiscalía.
“Quería que me escuchen, que me hagan caso”, justifica Azul.
El 24 de marzo de ese año se abrió una investigación por violación, pero fue ampliada hasta el 2 de abril para incluir, además, el delito de abuso de autoridad y tortura.
Respaldada por Promsex, su caso pasó a manos de otro fiscal, quien pidió prisión preventiva contra dos de los suboficiales involucrados: Dino Ponce Pardo y Luis Quispe Cáceres.
Ambos fueron recluidos en el penal de Trujillo el 11 de abril del 2008, pero quedaron libres cinco días después, tras presentar una medida cautelar.
En todo caso, la investigación quedó archivada por el Poder Judicial el 23 de enero de 2009, y fue precisamente por esto —porque cuestionaron su denuncia, porque sus agresores están libres, porque ninguna instancia judicial la respaldó— que Promsex , la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust: Seeking Reparations forTorture Survivors —un organismo que busca justicia para los sobrevivientes de tortura— presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
—El caso llega a nosotros gracias a unos activistas de Trujillo. De inmediato asumimos su defensa, contactamos un abogado de su ciudad y acompañamos las investigaciones— recuerda Brenda Álvarez, exabogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que acompañó la defensa legal de Azul durante siete años.
—Los procesos desarrollados en instancia nacional fueron irregulares. Desde que la comisaría se negó a aceptar su denuncia, hasta que el caso fue llevado a Fiscalía. Yo diría que ni siquiera se investigó.
Carlos Reaño, Procurador Público Especializado Supranacional. Carlos Llaja, Abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. Silvana Gómez, Abogada de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. Foto: Twitter.
En un informe de agosto de 2018, la CIDH considera que "existió un especial ensañamiento” contra Azul, que se identificaba como homosexual cuando sucedió el ataque,; y que "el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBT”.
Mensaje de Brenda Álvarez, que conformó la defensa legal de Azul. Foto: Facebook.
—Cuando elevamos el caso a la Comisión no llevamos como acusados a los policías, sino al Estado peruano porque no garantizó ni respaldó la demanda de Azul. La Comisión emitió un informe donde la reconoce como víctima de derechos humanos. Eso es importante porque, en instancia nacional, el Estado la trató como ‘presunta víctima’. La Comisión recomendó proponerle una medida de reparación integral a ella y su madre. Pero el Estado respondió: la repararé cuando los hechos se investiguen en instancia nacional. Que el Estado cuestione así es el motivo principal para que sea elevado a la Corte— reafirma Brenda Álvarez.
Fue en agosto de 2018. El caso adquirió el título de emblemático ante la Corte IDH.
— ¿Qué ha sido lo más difícil de todo?
Brenda Álvarez suspira, como suspiran las personas resignadas, y sigue:
—Esperar. Han sido diez años. Diez largos años que están a punto de acabar.
Foto: Facebook.
El último martes, en ese rincón donde Azul está escondida, fue un día de sol. Escuchó su nombre a través de un computador viejo. Aplaudió cuando un magistrado de la Corte IDH, allá en Costa Rica, cuestionó a los representantes de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional.
La última vez que nos vimos fue en las oficinas de Promsex, hace un año, en el sexto piso de un edificio de Miraflores donde se sentía protegida. Asomada a la ventana, mirando los autos, bajo una levísima llovizna, Azul parecía feliz.
—No, no, te equivocas. Yo cargo una pena grande. Por eso me gusta que me escuchen. Después de diez años soy otra. He aprendido a estar a la defensiva. Ya nadie me pasea. He tenido que aprender el Código Penal. Aunque hay cosas que me mueven.
—¿Cosas cómo qué?
—Tú sabes... Me hubiera gustado que mi mami esté aquí conmigo. Ese es mi vacío. Cuando era niña soñaba que me reconozcan por mi profesión, que digan que era la mejor doctora. Pero no. Ahora la gente me conoce, sí, comenta, cuchichea. Pero qué dice: mira, mira, ahí va el maricón al que violaron.
Le pregunté, además, si tenía miedo.
—Miedo no tengo, ya no. Se me fue con el tiempo. Ya estoy curtida.
Azul hizo una pausa y se acomodó el cabello.
—Es como si te estuvieras ahogando: sabes que vas a morir, pero solo resistes.
DATOS:
Hecho | Fecha |
Fechas de Ingreso | 22 de agosto de 2018 |
Recibo de anexos | 17 de diciembre de 2018 |
Notificación | 11 de octubre de 2018 |
Recibo de Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas (ESAP) | 11 de diciembre de 2018 |
Recibo de los anexos del ESAP | 20 de diciembre de 2018 |
Notificación del ESAP | 4 de febrero de 2019 |
Contestación del Estado | 5 y 8 de abril de 2019 |
Recibo de los anexos | 5, 8, y 12 de abril de 2019 |
Notificación de la Contestación | 25 de abril de 2019 |
Notificación de la Resolución de convocatoria a audiencia | 11 de julio de 2019 |
Audiencia pública | 27 de agosto de 2019 |
Alegatos y observaciones finales | Pendiente |