Por Maricarmen Chinchay
Los Centros de Emergencia Mujer (CEM), espacios públicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brindan servicios especializados a víctimas de violencia, tienen muchos retos por corregir y superar.
Así lo advierte la Defensoría del Pueblo tras haber realizado una segunda inspección a un total de 326 CEM a nivel nacional, entre octubre y noviembre del año pasado.
De los 326 locales inspeccionados en el 2018, en 52 de ellos no se atendían casos de feminicidios por desconocimiento del marco legal vigente. En 87 locales no atendían a víctimas migrantes, y en 100 locales no atendían violencia ocurrida a través de canales digitales (internet y redes sociales).
“En el 2018 culminamos con 149 feminicidios, siendo esta la cifra más alta de los últimos nueve años desde que el Estado registra estos casos. Por ello, supervisar la labor de los CEM era necesario”, explicó Diana Portal Farfán, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
Continuando con los resultados, se sabe que en el 45% de los CEM que atienden en horario de oficina y en el 71% de los que se ubican en comisarías, se carece de personal, repercutiendo esto en la calidad de atención a las usuarias.
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Además, se detectó que en localidades donde el problema de violencia de género tiene mayor incidencia, no hay CEM habilitado. El ejemplo más claro de este panorama es el departamento de Madre de Dos, que tiene una de las tasas de feminicidios más altas del país.
En cuanto a infraestructura, el 25% de los CEM inspeccionados no cuenta con servicios higiénicos, el 28% no tiene agua y el 27% no tenía acceso a internet.
"Observamos que el 81% de los CEM no cuenta con espacios seguros para niños y niñas. Las madres llegan a denunciar junto a sus hijos, y estos tienen que escuchar la descripción de los hechos porque no hay ambientes donde ellos puedan permanecer mientras sus madres denuncian", subraya la comisionada Diana Portal.
Otros aspectos hallados en la inspección es la alta rotación del personal que trabaja en los CEM y la falta de conocimiento de la Ley N° 30364, Ley del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual.
Que el propio personal de los CEM no sepa diferenciar el cortejo del acoso, o que se considere la conciliación como alternativa de solución en casos claros de violencia, son aspectos que deben ser corregidos de inmediato, pues en lo que va del año van 87 feminicidios.