Por: Óscar Chumpitaz C.
Agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE terminaron con la resistencia de 15 presos que lideraron un motín en el penal de Lurigancho.
Debido a ello, los cabecillas que manejaron la reyerta fueron trasladados a otros penales para descomprimir las tensiones que generaron más de 200 internos de alta peligrosidad.
Este clima se volvió difícil desde las 7:20 de la noche del martes luego de que las autoridades penitenciarias efectuaran una requisa en las celdas de tres reclusos del pabellón 12-B donde se encontró latas de cerveza y armas punzocortantes.
El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Romero, indicó que los dueños de estos artículos prohibidos fueron aislados y castigados en la ‘sala de meditación’.
La drástica medida generó la queja de otros internos que adoptaron una posición intransigente, cerrando los accesos al pabellón y subiendo a los techos donde protagonizaron una protesta, quemando colchones y amenazando con tomar rehenes.
Poco después de la medianoche, los agentes del GOES intervinieron utilizando escopetas de balas de goma. Así, cerca de las 4 de la mañana se recuperó el orden. Las operaciones fueron ejecutadas en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito.
“Se hizo uso racional de la fuerza, pero no hubo ninguna persona fallecida. Tampoco heridos de gravedad. Básicamente se retomó el orden y se adoptó las medidas disciplinarias contra los 15 internos cabecillas”, afirmó Carlos Romero.
Los internos que que subieron a los techos aprovecharon para reclamar mejoras carcelarias y denunciar supuestos abusos de los agentes penitenciarios durante las visitas familiares. Reclamaron mayor flexibilidad para recibir visitas los días de semana.
Por la mañana, madres, esposas e hijas visitaron a sus familiares con total normalidad. Y es que el motín solo se generó en el pabellón 12-B.
El penal de Lurigancho construido para una capacidad de 3.200 reos, actualmente alberga a 10.800 internos. En esa línea, el presidente del INPE, Carlos Romero, mencionó la necesidad del uso de los grilletes electrónicos.
Hoy solo 27 presos cuentan con estos por orden judicial. Mantener a un reo le cuesta 30 soles diarios al Estado.