TC declara improcedente demanda que buscaba la liberación del expresidente Pedro Castillo
Seis magistrados firmaron la resolución que señala que no es posible retroceder en el tiempo y anular la prisión preventiva contra el exmandatario en el caso del intento de golpe de Estado del 2022.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió una demanda de habeas corpus del ciudadano Alejandro Zoilo Ríos Pallesa que buscaba la liberación del expresidente Pedro Castillo por el caso del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
La demanda buscaba revertir la orden de prisión preventiva contra el exmandatario y cuestionaba su detención en aquella fecha, tras el fallido golpe que intentó perpetuar mediante un mensaje a la Nación. Sin embargo, seis magistrados se opusieron.
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Los tribunos firmantes de la resolución son Luz Pacheco, Helber Domínguez, Francisco Morales, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández.
Seis a favor. Solo el magistrado Gutiérrez Ticse pidió declarar fundada la demanda.
La resolución recalca que en el presente caso, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema emitió una resolución el 15 de diciembre del 2022, mediante el que se declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público (MP) contra Castillo Terrones.
"Esa decisión fue confirmado por el órgano superior competente. Se advierte entonces que, actualmente, la restricción a la libertad del personal favorecido dimana de la decisión judicial que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva por el periodo de 18 meses. Se ha producido, por ende, la sustracción de la materia controvertida", señala la resolución del TC.
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La demanda también cuestionaba el pedido de prisión preventiva en el sentido de que afecta el derecho a la libertad de Castillo Torres, pero el tribunal recalcó que "dicho requerimiento fiscal no incide de forma negativa" en ello.
Un magistrado del TC a favor de la demanda
El voto singular fue del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse. El tribuno alega que primero el Congreso debió levantarle el antejuicio político a Castillo para que el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan proceder.
Como se sabe, los altos funcionarios goza de esa prerrogativa y luego de dejar el cargo, el antejuicio dura hasta cinco años. Para que el Ministerio Público formalice una indagación preparatoria en su contra, el Congreso primero debe aprobar una acusación constitucional.
En el caso del intento de golpe de Estado, eso no sucedió con Castillo.
"En otras palabras, el vicio no ha sido superado, siendo lesivo el acto posterior emitido por el Poder Judicial generando con ello un acto inconstitucional continuado en su perjuicio", sostuvo Gutiérrez.
"En consecuencia, mi voto es porque se declare fundada la demanda en cuanto a la detención en supuesta flagrancia del entonces presidente Pedro Castillo por no haber sido puesto a disposición del Congreso para el levantamiento de su inmunidad de arresto", enfatizó.
El juicio contra Castillo está próximo a comenzar. El juez Juan Checkley emitió la resolución que dispone el auto de enjuiciamiento. Ahora depende de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema programar la fecha.
Dos presuntos involucrados: los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez
¿Qué pasó el 7 de diciembre del 2022?
El Congreso buscaba votar la vacancia presidencial contra Pedro Castillo por el caso de sus presuntos asesores en la sombra. Había temor en el Gobierno de que el fujimorismo y sus aliados consigan los votos necesarios para destituir al exmandatario.
Antes que ocurra eso, Castillo leyó un mensaje a la nación con el que anunció la disolución del Congreso y la intervención del sistema judicial. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no lo apoyaron. Castillo intentó ir a la Embajada de México, pero fue detenido en el camino.
Así acabó su gobierno. Los otros exfuncionarios investigados en este caso también son los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez.