Juez le da 20 días a Rafael López Aliaga para que reponga a obreros despedidos
Justicia. La Municipalidad de Lima debe reincorporar a 38 trabajadores cesados de manera fraudulenta. Si no cumplen, se enfrentarán a multas y serán denunciados ante la Fiscalía por desobediencia a la autoridad.
Con los días contados. La Municipalidad Metropolitana de Lima deberá proceder a reponer a los 38 obreros de limpieza afiliados al Sindicato de Trabajadores de la comuna (Sitomun) que fueron despedidos arbitrariamente por protestar contra la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. Concretamente por desacuerdos durante un proceso de negociación colectiva.
El juez Carlos Anaya Borda, del Décimo Juzgado de Trabajo Permanente de Lima, le dio a la municipalidad un plazo de 20 días para reincorporar a los trabajadores “conforme al cargo que ejercieron a la fecha de su cese u otro de similar categoría, al haber sido objeto de un despido fraudulento”.
El plazo empezará a computarse una vez que la comuna sea notificada oficialmente con la resolución emitida el pasado 29 de octubre, a la que accedió La República.
Dan plazo a López Aliaga para reponer a trabajadores despedidos.
En el mismo documento se le requiere al procurador público de la municipalidad que proporcione los nombres de los funcionarios responsables de reponer a los obreros.
En el potencial escenario de que la MML se resista a reincorporar a los trabajadores, el juez hará efectiva la advertencia e impondrá una multa de 20 unidades impositivas tributarias, equivalente a 103.000 soles.
Si la comuna insiste en no acatar la orden, se le dictarán multas sucesivas y crecientes en 30% hasta que se acate la medida. Incluso, los funcionarios responsables serían denunciados ante el Ministerio Público por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.
Negativa
“Esta sería la cuarta orden judicial que ordena la reposición de los trabajadores. El Poder Judicial le da 20 días de plazo para su inmediata reposición. En caso haya desacato al mandato judicial, la municipalidad va a ser multada y la Fiscalía va a iniciar un proceso penal contra la jefa de Recursos Humanos, Maritza Casaverde”, dijo Magdalena Jorge Vega, afiliada al sindicato.
Efectivamente, esta es la cuarta oportunidad en que el PJ ordena a la MML que reincorpore a los 38 trabajadores. Las tres primeras órdenes se dieron en el marco del otorgamiento de la medida cautelar, mientras que la última se da como parte de la ejecución de la sentencia a favor de los obreros.
La medida cautelar fue otorgada en setiembre de 2023. Sin embargo, la MML se escuda en que no hay presupuesto para reincorporar a los trabajadores.
“Es puro pateo porque la intención de ellos no es reponer. Desde setiembre del año pasado tenemos la medida cautelar. Pero en el mes de agosto (de este año) hubo un concurso CAS para contratar a obreros de limpieza y han contratado a 652 obreros, lejos de reponer a los trabajadores que también son de limpieza”, dijo Magdalena Jorge Vega a este diario.
El caso
La MML despidió a los 38 trabajadores por una “grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio” de Rafael López Aliaga. Esta supuesta falta consistiría en que se usó el apelativo “Porky” en pancartas y arengas.
En marzo de este año, el Décimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima declaró fundada la demanda de los trabajadores.
En dicho fallo, el magistrado sostuvo que “los términos empleados por estos trabajadores no han sido denigrantes o sujetos a un improperio de tal calibre que pueda considerarse como una conducta injuriosa el cual socave la fama o trayectoria del empleador mediante imputaciones (conforme a los términos empleados en la carta de preaviso de despido) que haga irreconciliable la continuidad de la relación laboral”.
Asimismo, el juzgado señaló que, aun si se asumiera que hubo alguna falta de respeto hacia López Aliaga, este hecho no sería suficiente para justificar un despido, ya que resultaría desproporcionado e irracional, de acuerdo con precedentes del Tribunal Constitucional. El magistrado calificó el despido como un acto fraudulento en este contexto.
La Municipalidad de Lima apeló esta decisión, pero en julio, la Segunda Sala Laboral Permanente de Lima confirmó la decisión de primera instancia. En su fallo, el tribunal argumentó que el apelativo “Porky” utilizado por los trabajadores carece de una carga injuriosa y concluyó que la comuna actuó con un “ánimo malicioso y tendencioso” al fundamentar el despido en este hecho.
“A sabiendas de que el apelativo de Porky no contiene un ánimo injurioso —y por ende no existiría la falta grave imputada—, es utilizado para despedir de manera indiscriminada a todo un grupo de trabajadores sindicalizados e incluso algunos con cargo de dirigentes sindicales, razón por la cual es razonable colegir la existencia de un despido fraudulento”, se lee en el fallo de segunda instancia.
Al no estar de acuerdo con esta decisión, la MML jugó su última carta y presentó un recurso de casación. La Segunda Sala Laboral Permanente de Lima concedió el recurso y elevó el expediente a la Corte Suprema.
Sala Laboral admite recurso de casación presentado por la Municipalidad de Lima.
Los jueces supremos tendrán la última palabra.
MML debe cumplir con la reposición
- Aunque la Municipalidad Metropolitana de Lima haya recurrido a la Corte Suprema de Justicia vía casación, ello no impide la ejecución de la sentencia a favor de los obreros.
- El artículo 38 de la Ley Procesal de Trabajo establece que “la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias”.
- Este artículo fue invocado por el juez Carlos Anaya para ordenar a la MML que restituya a los trabajadores despedidos de manera fraudulenta por la gestión de López Aliaga.