Los exdirectores de Provías Descentralizado Carlos Eduardo Revilla Loayza y Alcides Villafuerte Vizcarra cumplirán 36 meses de prisión preventiva en la investigación que se les sigue por presuntos delitos de organización criminal, colusión y lavado de activos.
El juez Miguel Quevedo Melgarejo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, les impuso la máxima restricción de libertad personal, tras un mes de escuchar y debatir los argumentos del fiscal José Luis Quispe, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y los abogados de la defensa.
Revilla apeló la decisión para que la prisión preventiva sea revisada por una Sala Penal Superior de Apelaciones. Villafuerte, que ha solicitado acogerse a colaboración eficaz, se mostró de acuerdo con la decisión judicial.
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El magistrado señaló que las declaraciones de los testigos y aspirantes son coherentes sobre la existencia de una organización criminal que operaba al interior de Provías Descentralizado y que solicitaba pagos de dinero a las empresas de construcción para asegurar la firma de los contratos de obras y licitaciones públicas.
Por lo cual, consideró que los indicios presentados por la Fiscalía permiten establecer una alta sospecha de que Carlos Revilla haya integrado esa organización y se haya coludido con Alcides Villafuerte para recibir y distribuir los pagos con los otros implicados.
En tanto, si bien consideró que Revilla muestra arraigo familiar y domiciliario, no presenta un arraigo laboral de calidad, pues fue en su desempeño como directivo de Provías Descentralizado que habría cometido los delitos que se le atribuyen.
En tanto, enfatizó que los indicios establecen sospecha grave de que Alcides Villafuerte haya participado en delitos de organización criminal, colusión y lavado de activos.
Igualmente, consideró que Villafuerte tiene arraigo familiar y domiciliario, pero no arraigo laboral de calidad. Además, que presenta más de 40 viajes al extranjero, lo que hace factible que pueda evadir las investigaciones y probable sentencia condenatoria.
El magistrado enfatizó que, al momento de su detención, Alcides Villafuerte intentó ocultar una laptop y un USB de interés para las investigaciones, lo que pone dudas sobre su intención de colaboración con la justicia, pese a haber formulado un pedido para acogerse a colaboración eficaz.
Al sustentar esta medida, el magistrado reseñó las declaraciones de los testigos con identidad en reserva y colaboradores eficaces con identidad conocida, quienes relataron las reuniones de Alcides Villafuerte y Carlos Revilla.
En esas reuniones, Revilla le habría contado a Villafuerte que tenía contactos con el expresidente Martín Vizcarra para mantenerse en Provías Descentralizado y negociar acuerdos ilícitos con empresarios.
Igualmente, la declaración que indica que Karem Roca vía Revilla ingresando a Palacio de Gobierno con maletines deportivos, en cuyo interior había importantes cantidades de dinero.
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Según la Fiscalía, los acuerdos ilícitos se dieron en cuatro proyectos de infraestructura, entre el 2018 y 2021.
De acuerdo con la Fiscalía, a partir de la declaración de Luis Pasapera y los testigos, se ha establecido pagos en la licitación pública número 01-2020-MTC/21, caso Samegua, por el monto de S/63.556.105,85; el concurso público número 20-2019-MTC/21, caso Tintay, por la suma de S/156.354.740,16; y la licitación número 03-2020-MTC/21, caso Pampas, por la cantidad de S/54.222.328,43. Los pagos iban entre el 1,5 y 3% del valor total de la obra.