Jaime Yoshiyama pide a la Corte Suprema de Brasil invalidar las pruebas de Odebrecht

Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro de Alberto Fujimori y jefe de campaña del partido político Fuerza Popular en las elecciones del 2011, presentó un escrito al Supremo Tribunal Federal de Brasil donde pide que se extienda a su persona un decreto judicial que anula múltiples pruebas del acuerdo de leniencia o colaboración eficaz de la constructora Odebrecht, Ingenieria y Construcción, en dicho país.

La solicitud, informó el medio brasileño Metropoles, está referida a los correos y documentos del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht en relación con la frase "Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita" y los aportes por un millón de dólares que la constructora brasileña entregó de forma clandestina, entre noviembre de 2010 y junio de 2011, a la candidatura de Keiko Fujimori en las elecciones del 2011.

Un pedido similar presentado el 2023 por el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia ya fue atendido por la justicia brasileña que, en agosto, declaró nulas las pruebas del acuerdo de colaboración de Odebrecht que la Fuerza de Tarea del caso Lava Jato en Brasil compartió con el equipo especial que lideran los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

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El juicio a Humala y al Partido Nacionalista Peruano avanza sin esas pruebas y sin los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht. Los medios brasileños consideran que existe una probabilidad del 99.99 por ciento que el pedido de Jaime Yoshiyama sea atendido de manera positiva por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, dado los antecedentes del caso.

Los abogados de Yoshiyama han pedido de forma expresa al juez supremo federal José Antonio Dias Toffoli  que al acoger su pedido disponga que el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Juridica Internal de Brasil comunique a la Oficina de Cooperación Judicial y Extradiciones y el Ministerio de Justicia de Perú sobre la nulidad de las pruebas, para que esta decisión llegue a conocimiento del Poder Judicial y la Corte Superior Penal Nacional.

De este modo, las pruebas del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht no podrían ser utilizadas en el juicio contra Keiko Fujimori y dirigentes y militantes de Fuerza Popular, programado para iniciarse el 1° de julio próximo, a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado , que preside la jueza Nayko Coronado. Este mismo tribunal desarrolla el juicio a Humala.

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Pero, los peruanos no son los únicos que han planteado o plantean la nulidad de las pruebas de los sistemas Drousys y MyWebDay B entregados directamente por Odebrecht.

En diciembre último, Dias Toffoli decretó la nulidad de las pruebas que inculpaban al ex-controlador general de Ecuador, Carlos Pólit Faggioni, de recibir "millonarias propinas" del exdirector de Odebrecht en Ecuador, José dos Santos, entre el 2010 al 2015.

Igualmente, se han anulado las pruebas contra los panameños, Riccardo Francolini Arosemena, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorro de Panamá y cercano al expresidente Ricardo Martinelli, y de Juan Antonio Niño Pulgar, banquero vinculado a las operaciones de lavado de activos a favor de Odebrecht que habría realizado la empresa reaseguradora Active Capital.

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La decisión de Dias Toffoli se sustentan la resolución que en junio de 2021 emitió el entonces juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ricardo Lewandowski al anular los procesos contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poco a poco se ha ido extendiendo a otros políticos en Brasil y otros países.

Lewandowski consideró que los acuerdos entre los directivos de Obdebrecht y los fiscales de la Fuerza de Tarea de Lava Jato, del año 2016, se llevaron a cabo fuera de los canales oficiales, lo cual está prohibido por la ley, por lo que las pruebas y declaraciones devienen en ilegales.

Juicio se inicia el próximo 1 de julio

El Poder Judicial, a través del Tercer juzgado Penal Colegiado Nacional, programó para el próximo 1 de julio, a las 9:00 horas, la instalación del juicio oral contra Keiko Fujimori y más de 40 personas naturales, por el delito de lavado de activos. El referido tribunal, a cargo de las audiencias, está integrado por Nayko Coronado (presidenta), Raúl Caballero y Max Vengoa.