El Poder Judicial declaró infundado, este miércoles 10 de enero, el pedido que realizó el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder para variar la comparecencia simple por prisión preventiva contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, por el caso de Anguía.
De esta manera, la exprimera dama, quien se encuentra asilada en México, seguirá llevando el proceso en libertad, debido a que no se podrá impulsar una extradición, mientras no exista una orden de detención.
Fue la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, quien confirmó resolución que declaró infundado requerimiento de variar comparecencia simple por prisión preventiva contra Lilia Paredes Navarro y sus hermanos David Alfonso y Walter Enrique, por el presunto delito de organización criminal.
La sala precisó que, en la resolución impugnada, no se aprecia alguna aplicación indebida o inaplicación de una norma procesal que conduzca a una afectación del debido proceso; por el contrario, la decisión emitida por el juez por el juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, está debidamente justificada.
Es decir, la decisión de rechazar el pedido de prisión preventiva contra Paredes Navarro, el 12 de junio del 2023, en primera instancia, se fundamentó de manera correcta.
Lilia Paredes se encargaba de viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en las diferentes entidades de los gobiernos, a través de su hermana Yenifer Paredes, con conocimiento y venía de su esposo Pedro Castillo, de acuerdo a la disposición fiscal a la que accedió La República.
Fue el empresario Hugo Espino Lucana, quien informó ante el equipo especial que, el 8 de agosto del 2021, se reunió con Yenifer Paredes, la misma que le comunicó que, desde Palacio, requerían un “chip de teléfono celular” a nombre de una tercera persona para las coordinaciones con Lilia Paredes, debido a que temían ser interceptadas o, en sus palabras, “chuponeadas”.
“Lilia Paredes mantendría una estrecha relación con los demás miembros de la organización criminal, por lo que coordinaba con ellos para hacerse de la ejecución de obras públicas, conociendo que a quienes iba a favorecer eran personas estrechamente allegadas a la casa presidencial, entre amistades, personas de confianza y familiares directos, a quienes tenía el poder para lograr beneficiar en la licitación pública, otorgando la buena pro y la adjudicación de la ejecución de las obras”, dice la disposición fiscal.