Congreso aprobó ‘Ley Soto’ contra opinión del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación
Conveniencia. La Comisión de Justicia no tomó en cuenta los informes técnicos de los organismos especializados que recomendaron rechazar el proyecto de ley que benefició directamente al presidente del Congreso, Alejandro Soto, acusado por la Fiscalía por los delitos de estafa y falsedad.
Como se trataba de una modificación del Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, el proyecto de ley que terminó beneficiando al ahora presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, la Comisión de Justicia debió consultar al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación. Por supuesto que lo hizo; pero, antes de recibir la respuesta, la comisión aprobó la ahora llamada ‘Ley Soto’. No le importó la opinión del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ni de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
Muy probablemente, la Comisión de Justicia, bajo la presidencia del legislador Américo Gonza Castillo, pasó por alto los informes del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, porque sabía que ambas instituciones se manifestarían en contra del proyecto de ley que modificaba el plazo de prescripción de los procesos penales. Esto se desprende de las fechas de los respectivos documentos.
Como ha informado La República, Soto se acogió de la ley para librarse de una acusación fiscal de estafa y falsedad, por lo que pidió 8 años y 8 meses de prisión. Providencialmente, la norma entró en vigencia pocos días antes de que un juez dictara sentencia contra Soto.
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El 26 de enero de este año, el presidente de la comisión, Américo Gonza, remitió al presidente del Poder Judicial y a la fiscal de la Nación la consulta sobre el proyecto de ley.
Sin embargo, antes de recibir las respuestas de las autoridades, el 1 de marzo, la Comisión de Justicia aprobó la norma.
Así es. El dictamen estaba listo para ser agendado y aprobado por el Pleno del Congreso, cuando, el 28 de marzo, la fiscal de la Nación remitió su informe al presidente de la Comisión de Justicia. El 14 de abril, hizo lo propio el titular del Poder Judicial. Es decir, todo estaba virtualmente consumado.
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En el caso de la fiscal de la Nación, despachó el informe elaborado por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Sur, Omar Tello Rosales.
“A consideración de esta Presidencia, la propuesta legislativa no es viable, debido a que vulnera la naturaleza de la figura materia de análisis, toda vez que la suspensión de la prescripción resulta necesaria ante la existencia de situaciones particulares que impiden la persecución penal, es decir, que la continuación del proceso penal no depende de los organismos que integran la justicia penal, sino de la decisión de autoridades extrapenales. De modo que, durante el tiempo de duración de los referidos procedimientos, existe imposibilidad jurídica de persecución penal”, opinó el colegiado fiscal.
El fiscal superior Omar Tello advirtió que el proyecto de ley contravenía los tratados internacionales que exigen al Estado eliminar barreras u obstáculos que impiden la persecución de delitos, especialmente los de mayor gravedad.
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En el caso del Poder Judicial, la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Pizarro Carrillo, envió a la Comisión de Justicia un informe que concidía con la Fiscalía de la Nación , al señalar que no era viable y que requería de un mayor análisis y elaboración.
Curiosamente, el 13 de abril, un día antes de que el Poder Judicial emitiera su opinión desfavorable con relación al proyecto de ley que modifica la suspensión del plazo de prescripción, el Congreso aprobó en primera votación el dictamen que favoreció al legislador Alejandro Soto.
El expresidente de la Comisión de Justicia Américo Gonza confirmó a La República que el proyecto de ley, efec tivamente, se aprobó sin la opinión técnica del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación.
“Cuando llega una propuesta a la Comisión de Justicia, siempre se pide la opinión de los entes que están involucrados. Pero, en este caso, los informes de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial llegaron muy tarde”, arguyó el legislador Gonza.
“El objetivo del proyecto era ponerle un plazo límite a las investigaciones de la Fiscalía, ya que la Fiscalía carecía de un plazo establecido porque tenían a ciudadanos investigados de por vida”, explicó el expresidente de la Comisión de Fiscalización.
Preguntado si sabía que el ahora presidente del Congreso, Alejandro Soto, resultó beneficiado por la ley, Gonza solamente dijo: “Lo desconocía”.
Como anillo al dedo
El primer documento informa que el 1 de marzo se aprobó el dictamen de la ‘Ley Soto’. Después de esa fecha, llegaron los informes del PJ y la FN.
