Rafael Ernesto Vela Barba, miembro del equipo especial Lava Jato y coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, indicó que la decisión del Poder Judicial (PJ) de anular la acusación fiscal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en la que se pedía 35 años de prisión, es un acto que revela la independencia de los poderes dentro del sistema de justicia y es recibido “con cautela y respeto por la institucional que existe dentro del país”.
A su vez, Rafael Vela resaltó: “El Poder Judicial toma decisiones que no siempre están en favor de intereses procesales del Ministerio Público, pero estamos confiados en que la apelación revertirá esta decisión del juez de primera instancia, porque así lo dicen los antecedentes”.
En diálogo con RPP Noticias, explicó que los antecedentes a los que se refiere son los otros casos que ha llevado el equipo especial, como el de Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Susana Villarán. “Todos han tenido el mismo patrón de comportamiento en términos de defensa”, aseveró.
“Los abogados suelen solicitar una serie de diligencias para evitar que se cierre la investigación como tal, pero quien dirige la investigación es el Ministerio Público”, resaltó el fiscal superior. “El MP define cuándo se abre, cuándo se formaliza una investigación y cuándo se concluye”, recalcó.
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Además, Vela Barba detalló que las diligencias que pudieran exigir las defensas pueden ser compensadas en tiempo de las etapas de control de acusación, que son intermedias, y la etapa misma del juzgamiento, “sin necesidad de regresar a una etapa previamente concluida".
De acuerdo a Vela Barba, “el MP está en la obligación de, a través de la prueba de cargo, destruir esa presunción de inocencia cuando formula una pretensión acusatoria”. Por esta razón, es responsabilidad y deber de la Fiscalía trabajar para que los plazos procesales no sean los máximos.
Rafael Vela y José Domingo, miembros del equipo especial Lava Jato. Foto: LR/Archivos
Sin embargo, el MP hace uso de sus máximos plazos legales en casos que se reconocen por la envergadura que tienen. “(El caso de Odebrecht) es inédito en el Perú porque es un caso de corrupción y lavado de activos transnacional con una serie de complejidades inéditas en el país”, apuntó.
Si bien es deber de la Fiscalía concluir con la investigación “lo más pronto que se pueda”, también se debe balancear la posibilidad de que el derecho a la defensa esté en equilibrio con la proscripción de la impunidad.