Alejandro Toledo dice que es perseguido por su "presidencia innovadora" y hacer un "Perú más justo"

En su nuevo recurso de reconsideración presentado este miércoles, el expresidente Alejandro Toledo intenta persuadir a la justicia de Estados Unidos para que suspendan su extradición. El exgobernante alega que “es víctima de un proceso político profundamente defectuoso e injusto en Perú”. La justicia de nuestro país lo requiere para que responda por las presuntas coimas de más de 20 millones de dólares por parte de Odebrecht para las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

La defensa de Toledo, los abogados David Bowker y Kelsey Quigley, también arremete contra la Fiscalía, que lo acusa por lavado de activos y colusión, y el Poder Judicial, que ha ordenado prisión preventiva en su contra.

“La mala conducta de la Fiscalía es rampante y el sistema de justicia penal se encuentra entre los peores del mundo, muy por debajo de países como China, Nigeria, Sudán e Irán. Si el Dr. Toledo fuera extraditado, probablemente permanecería en prisión preventiva prolongada, donde —dada su edad (78 años) y su delicada salud— podría morir sin haber visto nunca el interior de un tribunal”, arguyen los letrados.

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Toledo insiste en que su procesamiento puede estar “motivado políticamente” debido a “su política progresista, su presidencia innovadora y su etnia indígena”.

“Su presidencia fue innovadora porque derrocó a la dictadura extremista de extrema derecha de Alberto Fujimori e implementó políticas que hicieron del Perú un país más justo, basado en normas, democrático y próspero. Su origen étnico es significativo porque fue el primer indígena peruano elegido presidente del Perú, que sigue sufriendo prejuicios raciales y étnicos, desigualdad y conflictos”, agregan sus defensores.

Los “enemigos políticos” de Toledo

Los logros del gobierno de Toledo, consideran, hizo que el expresidente ganara “enemigos políticos, incluyendo especialmente a los fujimoristas, que siguen teniendo un poder considerable en las instituciones peruanas”.

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“Keiko Fujimori sigue siendo una figura política poderosa en la extrema derecha y otros fujimoristas de extrema derecha siguen siendo poderosos, bien ubicados en el Gobierno y capaces de influir, manipular o corromper por completo un caso penal como este”, sostienen.

“Incluso como una cuestión más general, el sistema de justicia penal de Perú sufre de la politización del poder fiscal, que se ha vuelto contra los presidentes peruanos durante las últimas tres décadas y media”, añaden.

En este punto, los letrados David Bowker y Kelsey Quigley recuerdan que todo exmandatario peruano, desde 1990, ha estado en prisión. Mencionan, por ejemplo, el caso de Alan García, quien “se suicidó cuando la Policía fue a arrestarlo".

“Los presidentes del Perú deberían ser destituidos y procesados por los delitos que cometen, pero la preocupación aquí es que el Dr. Toledo está siendo procesado por razones políticas y que los tribunales peruanos no son lo suficientemente independientes e imparciales para hacer justicia en un caso como este”, repiten.