Gabinete en la Sombra: Poder Judicial dicta comparecencia con restricciones para principales investigados
Beder Camacho, Henry Shimabukuro, Auner Vásquez y Eder Vitón serán sometidos a la medida cautelar en lo que duren las investigaciones.
El Poder Judicial determinó este viernes la medida cautelar de comparecencia con restricciones de Beder Camacho, Henry Shimabukuro, Auner Vásquez y Eder Vitón, todos investigados por la Fiscalía de la Nación por el caso Gabinete en la Sombra, en el que se involucra también al vacado expresidente Pedro Castillo Terrones como líder de una organización criminal que operaba desde el Palacio de Gobierno.
Esta medida, proveniente del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, determina que los cuatro indagados se sometan a diferentes reglas de conducta, como la de no ausentarse de Lima sin antes haber recibido una autorización judicial, presentarse ante las investigaciones en las que sean requeridos de forma presencial y comparecer para el registro de su control biométrico de manera mensual.
Además, Camacho, Shimabukuro, Vásquez y Vitón tienen sobre sí la obligación de pagar una orden de caución que tiene un plazo límite de 30 días para ser cancelada.
PUEDES VER: Ministros de Defensa y del Interior son denunciados constitucionalmente por muertes en Ayacucho
En el caso de Beder Camacho y Eder Vitón, la caución asciende a 8.000 soles respectivamente, mientras que a Henry Shimabukuro le corresponde pagar el monto de 7.000 soles. Quien más debe abonar es Auner Vásquez, quien tendrá que realizar el desembolso de 12.000 soles.
Modus operandi del Gabinete en la Sombra, según la Fiscalía
Para el Ministerio Público, la presunta red criminal liderada por Castillo Terrones se originó en abril del 2021 tras los resultados preliminares de las elecciones generales.
La organización criminal operó en cinco etapas: financiamiento de la campaña electoral, copamiento de las instituciones, actos colusorios en contrataciones públicas, captación de congresistas, y redes de protección y encubrimiento de actos y actores del delito.
De estas, la Fiscalía concibió que se habrían dado “aprovechando e instrumentalizando la estructura estatal del Poder Ejecutivo, pues muchos de los investigados son altos mandos”.