Omar Candia: Sala Penal ordena captura de alcalde de Arequipa tras confirmar sentencia de 6 años de cárcel

La decisión por unanimidad que tomaron los miembros de la Sala Penal de Apelaciones en el caso de la compra de cámaras de seguridad para el distrito de Alto Selva Alegre fue confirmar la sentencia de 6 años de cárcel contra el actual alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar.

Después de realizar una evaluación de los indicios, los magistrados superiores decidieron ratificar la sentencia de primera instancia contra Candia y otros funcionarios de la antigua gestión de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, durante la cual se desarrolló esta compra envuelta en varios actos de corrupción durante todo su proceso.

Los jueces superiores Orlando Abril Paredes, Luis Madariaga Condori y Manfred Vera Torres encontraron culpables por el delito de colusión agravada en agravio de la Municipalidad de Alto Selva Alegre al actual alcalde de Arequipa, así como a sus exfuncionarios Juan José Lipe Lizárraga y Reynaldo Díaz Chilo. Tras condenarlos a seis años de cárcel, giraron las órdenes de captura contra estos tres sentenciados, que además fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el plazo de tres años.

En tanto, condenaron a José Luis Ríos Sánchez y Sandro Martínez Sardón a tres años de prisión suspendida por el delito de colusión simple. Es decir, cumplirán esta sentencia en libertad.

Asimismo, declararon infundado el pedido de anulación de la primera sentencia por parte de la defensa de Omar Candia y de los otros funcionarios. Lo mismo ocurrió con los pedidos del Ministerio Público de sumar más años de pena con el argumento de que Candia era alcalde de Alto Selva Alegra, abogado, y conocía de informática.

De acuerdo a la lectura realizada por el juez superior Orlando Abril, el colegiado tomó en cuenta que, en este caso, se realizó el pago total del proyecto y, en la inauguración, las obras no estaban culminadas, entre otros hechos.

La Sala de Apelaciones notificó la sentencia a las partes involucradas y dispuso que se giren las órdenes de captura en contra de los imputados, por lo que la Policía nacional inició la búsqueda de los implicados para su detención. Paralelamente, fijó la reparación civil en S/ 600.000 y el pago de S/ 38.000 como daño emergente (la mala imagen que provocaron los implicados al aparato estatal).