Guerra jurídica: Ministerio Público presiona al Poder Judicial
Fiscal Rafael Vela informó que han pedido la intervención de la JNJ contra el juez César San Martin. La Corte Suprema pide respetar independencia y rechaza actos de intimidación y presión al definir delito de lavado de activos
El debilitamiento de las instituciones y la judiciacilización de la política tiene consecuencias. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia denunció, a través de un pronunciamiento público transmitido por Justicia TV, que un funcionario del Ministerio Público busca intimidar y presionar a la máxima instancia judicial del país, para que resuelvan de acuerdo a los interés del Ministerio Público, en un caso específico.
“Ante la inminente visita de la OEA, hacemos presente nuestra posición institucional de independencia judicial y rechazamos cualquier acto de intimidación y resión que se viene realizando por parte de un funcionario del Ministerio Público”, señaló la presidenta del Poder Judicial y la Corte Suprema, Elvia Barrios.
La magistrada estaba rodeada por el pleno de los jueces de la Corte Suprema. Agregó que por estos días se viene realizando el proceso de ratificación de los jueces de la Corte Suprema a cargo de la Junta Nacional de Justicia y que esperan que este proceso se realice justicia y equidad ajeno a cualquier interés antijurídico y particular.
Lavado de activos
Aunque no lo mencionaron, de acuerdo con fuentes judiciales, los jueces supremos emitieron dicho pronunciamiento en respuesta a unas declaraciones periodísticas brindadas por el poderoso coordinador del Equipo Especial de Fiscales del caso “Lava Jato” y vocero no oficial de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el fiscal superior Rafael Vela Barba.
Rafel Vela informó que la fiscalía ha presentado una queja ante la Junta Nacional de Justicia contra el juez supremo César San Martín Castro por lo que consideran actitudes sospechosas de este magistrado, de no querer apartarse de la próxima audiencia que realizará la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para empezar a definir, en el caso Ollanta Humala, si los aportes irregulares en campañas políticas constituye delito de lavado de activos.
Según el fiscal, San Martin Castro solia apartarse de ver los casos referidos al expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia y ahora no lo hacía lo que les llamaba la atención. El fiscal no mencionó algún otro indicio para dudar de la imparcialidad del referido magistrado.
En este caso, efectivamente, la procuraduria del caso Lava Jato y la fiscalía suprema recusaron la intervención de San Martin, pero la Sala Penal Permanente, integrada por los jueces supremos Manuel Luján Tupez, Fátima Altabas Kajatt, Iván Sequeiros Vargas, Iván Guerrero López y Erasmo Coaguila Chávez consideró que no había motivo para que el referido magistrado no intervenga en este causa. Al rechazarse la recusación se programó para el 9 de noviembre, próximo la audiencia pública para evaluar el caso.
Procesalmente, ya no hay nada que discutir sobre la participación de San Martín. La Junta Nacional de Justicia tampoco tiene atribuciones para inmiscuirse en la conformación de un tribunal. Sí lo puede hacer indirectamente. Si en un plazo breve y sumarísimo resuelve una queja y sanciona a un magistrado, este ya no puede continuar viendo un caso y debe nombrarse a su reemplazo.
Inminente sanción
Así las cosas lo que llama la atención de los jueces supremos, es casi en simultáneo, mientras que Rafael Vela declaraba en la radio, la Junta Nacional de Justicia notificó a la Corte Suprema que el consejero instructor Guillermo Thornberry Villaran ha propuesto la destitución de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios y de los jueces supremos titulares Javier Arévalo Vela y Rodolfo Walde Jauregui.
La falta que se atribuiría a estos magistrados es una supuesta influencia indebida en el Jurado Nacional de Elecciones para dicha entidad contrate a sus familiares. En el caso de Elvia Barrios a su esposo Eduardo Laca Rivadeneira, en el de Arévalo, su hermano Javier Arévalo Vela y en el de Walde Jaurégui, a su esposa Carmen Ortega Paredes. La única prueba de esa influencia indebida sería el vínculo familiar.
La propuesta de Thornberry es el primer paso del proceso disciplinario. Los jueces mencionados deberán presentar sus descargos por escrito y se realizará una audiencia. Luego, otro consejero emitirá un informe y el pleno de la Junta tomará una decisión.
Anteriormente, la Junta Nacional de Justicia ya sancionó con suspensión por un mes al juez César San Martín por haber llamado al destituido Walter Ríos para que acelere un proceso de interés propio. La sanción fue anulada con una medida constitucional de Amparo.
La actual fiscal de la Nación también tiene llamadas con presuntos integrantes de la red de Los Cuellos Blancos del Puerto y no se advierte que la Junta Nacional de Justicia tenga el mínimo interés de investigar que sucedió en ese caso.
Todo esta situación ha generado suspicacias. Los jueces de la Sala Plena de la Corte Suprema considerán que se les quiere presionar a resolver sin respetar el debido proceso y su independencia.
