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Política

Poder Judicial ordena que el Ejecutivo restituya inmediatamente a Daniel Soria

Juzgado Constitucional advierte que Gobierno debe reponer a Soria Luján como procurador general del Estado “bajo responsabilidad funcional y penal”.

larepublica.pe
Logro. Soria consiguió que la justicia le diera la razón. Foto: difusión

El juez Jonathan Valencia, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, admitió el pedido de ejecución anticipada de la sentencia que ordena al Gobierno restituir a Daniel Soria como procurador general del Estado. De esta manera, el Poder Ejecutivo deberá reponer al exprocurador bajo apercibimiento de ser denunciado por desacato.

El magistrado dispuso la actuación inmediata de la sentencia luego de determinar que esta no generará una situación de irreversibilidad ni se ocasionarán daños desproporcionados al demandado.

El artículo 26 del Nuevo Código Procesal Constitucional establece que “la resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia hasta que se emita resolución última y definitiva que pone fin al proceso”.

Daniel Soria

En relación con un eventual perjuicio que podría conllevar la ejecución inmediata de la sentencia, el juez Valencia sostuvo que, “si bien conlleva la obligación, para la demandada, de brindar un salario al solicitante, exige de este, como contraprestación, la realización efectiva de los servicios” de procurador general del Estado. “En esa medida no se aprecia que exista un perjuicio económico para la demandada”, consignó en la resolución a la que accedió La República.

El magistrado también descartó que la actuación de la sentencia sea irreversible, ya que, en caso de que esta no sea ratificada en instancia superior, “la prestación de servicios por parte del solicitante se habría brindado y sería posible ejecutar la ‘reversión’ de la reposición dispuesta”.

Bajo estos argumentos, el juez Jonathan Valencia ordenó al Gobierno acatar la disposición y restituir a Daniel Soria como procurador general del Estado “bajo responsabilidad funcional y penal que conlleve el incumplimiento a un mandato judicial”.