Una paradoja en Fuerza Popular es cómo esta agrupación que impuso sus condiciones para aprobar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) hoy sea una de las agrupaciones políticas que promueve la cacería contra los magistrados de esa institución.
El 1 de febrero del 2019, el partido de Keiko Fujimori tuvo un rol determinante en que el Congreso le dé luz verde a esta reforma. Ese día el Pleno aprobó la ley orgánica de la JNJ con 80 votos a favor, entre ellos, 42 del fujimorismo.
El dictamen que recibió la venia del Hemiciclo tomó en cuenta nueve proyectos de ley. De ellos, tres de exlegisladores de Fuerza Popular: Alejandra Aramayo, Rolando Reátegui y Edwin Vergara.
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Los entonces presidentes de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, y de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, acumularon todas estas iniciativas para presentar un texto sustitutorio.
La propuesta de ambos estipulaba que los magistrados de la JNJ puedan ser removidos por causa grave.
El excongresista Pedro Olaechea cuestionó esa disposición. “Estamos abriendo la puerta a arbitrariedades, que el día de mañana, les repito, puede haber una mayoría de signo contrario y destituir completamente por razones subjetivas a los miembros de la JNJ”, alertó.
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“Estamos poniendo criterios que nos van a reventar y nos van a venir a buscar”, agregó Olaechea, como presagiando lo que iba a suceder cuatro años después con la JNJ.
El fujimorista Luis Galarreta celebró la exposición de Olaechea. “Parece que es una de las intervenciones más sensatas y claras en este debate, porque hay un montón de subjetividades”, sostuvo.
Ahora el partido que asesora Galarreta pretende remover a los miembros de la JNJ por supuestas faltas graves: haberse pronunciado sobre el caso Zoraida Ávalos, no haber expuesto un informe anual de gestión ante el Pleno y permitir que la magistrada Inés Tello, de más de 75 años, siga en el cargo.
La bancada de Keiko Fujimori impuso sus modificaciones para apoyar la propuesta de ley orgánica de la JNJ.
Galarreta cuestionó que, en principio, algunos de sus colegas propongan que se les levante el secreto de las comunicaciones a los candidatos. “¿De verdad queremos armar una reforma de la JNJ o queremos armar una reforma para algunos amigos especiales, para que solo postule la menudencia del país?”, protestó.
Otro punto controversial fue que el dictamen no prohibió que los investigados en Fiscalía puedan concursar a ser magistrados. “Cuando se habla del principio de presunción de inocencia se salvaguarda al ciudadano de los abusos”, dijo el exlegislador Salvador Heresi.
También fue discutida la paridad de género en la conformación de la JNJ, pero tampoco tuvo visto bueno. Optaron por una norma que se sostenga en la meritocracia y la igualdad.
El dictamen aprobado con las exigencias del fujimorismo y sus aliados: solo prohibieron que los sentenciados postulen y eliminaron la facultad de levantar el secreto bancario, tributario y de las comunicaciones de los aspirantes.
Con esa ley se sentaron las bases para la creación de la Comisión Especial que dirigió el concurso público de los nuevos magistrados de la JNJ. Los congresistas que hoy atacan a los miembros de la Junta omiten esta parte de la historia.
Comisión Especial. El Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo propusieron que sea el defensor quien presida la Comisión Especial a cargo del concurso público para los nuevos integrantes de la JNJ.
Apoyo. En 2016 Fuerza Popular apoyó la elección de Walter Gutiérrez como defensor del Pueblo. Gutiérrez fue quien lideró el primer concurso público de los actuales magistrados de la JNJ.
Fue gracias a los votos y a los vistos buenos de Fuerza Popular en el dictamen que hubo consenso en 2019 para aprobar la ley orgánica de la JNJ.
Iniciativas de las bancadas del Congreso de la República. Foto: composición Gerson Cardoso/La República.