Congreso: Fuerza Popular bloquea ley que regulaba las obras por administración directa
La Ley 31876, recomendada por Contraloría y aguantada desde 2021, planteaba que si la obra costaba más de S/250.000, debía ser entregada a privados y no construida por municipios. A los gobernadores no les gustó, e hicieron derogar la norma en menos de tres semanas.
El Poder Ejecutivo promulgó este martes 17 de octubre la derogatoria de la Ley 31876, que regulaba el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional, la cual había sido promulgada hace apenas tres semanas.
¿Qué pasó? La Ley 31876, impulsada desde el propio Congreso en 2022, impedía a los gobiernos regionales y locales la ejecución de obras por administración directa que sobrepasen las 50 UIT, un monto cercano a los S/250.000. Si superaban el monto, las obras debían ser entregadas a privados.
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También les prohibía la adquisición, bajo cualquier modalidad, de maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la obra. La idea era transparentar los procesos de obra pública, además de aliviar el trabajo de la Contraloría.
Por supuesto, esto no les gustó a los gobernadores. La Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) salió inmediatamente a denunciar que el nuevo dispositivo representaba "una clara obstrucción a la descentralización" en nuestro país.
Pero, ¿qué es exactamente la administración directa? Es una modalidad de obra pública con que los gobiernos subnacionales materializan proyectos utilizando maquinaria propia y contratando personal a discresión.
Esta modalidad, cuestionada por prestarse para la corrupción y ejecución ineficiente de infraestructura pública, estaba regulada, únicamente, por una resolución de Contraloría que data de 1988.
Contraloría: obra pública por administración directa es ineficiente
Para muestra, un botón. Entre 2018 y 2021, se ejecutaron 58.212 proyectos de inversiones. De ellos, 24.175 (42%) corresponden a administración directa, según datos de la propia Contraloría.
Sin embargo, el 27% de las inversiones por administración directa en ese mismo momento contaba con más de tres años de ejecución, tiempo mayor al periodo previsto en el expediente técnico.
El propio organismo contralor pidió en diciembre de 2021 una modificación del marco regulatorio. Para julio del 2022 ya se tenía la aprobación en el Pleno, luego de pasar por la Comisión de Economía. Sin embargo, la Ley 31876 recién fue promulgada en septiembre de 2023, aunque en vano.
El tenor de gobernadores que desfiló hacia el Congreso de la República fue recibido a bien por Fuerza Popular (entre otros partidos), que presentó, a través de la congresista Patricia Juárez, el proyecto de ley para su derogatoria, el cual se debatió y aprobó en tiempo récord.
Es así que el país se quedará sin una norma que buscaba un "uso probo, transparente, eficiente y eficaz de los recursos y bienes del Estado, permitiendo cumplir los objetivos institucionales de las entidades y los fines públicos para los cuales está prevista la obra pública", como planteó la Contraloría.
