Las declaraciones del premier Alberto Otárola en Perumin sobre la represión que hubo a principios de año contra las movilizaciones que pedían la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso fueron rechazadas en los colectivos y organismos defensores de los derechos humanos en el Perú.
Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que el premier tergiversa la verdad. “Está hablando de un momento donde murieron casi 70 personas y miente, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humans informa que se hicieron 500 movilizaciones pacíficas”, dijo.
Cuestionó las declaraciones de Otárola durante las actividades del Perumin 2023, realizado en Arequipa. El premier, ante un auditorio de empresarios mineros, recordó los primeros meses de gestión de la presidenta Dina Boluarte y se refirió a la represión del Gobierno frente a las protestas sociales en su contra. Aseguró que el Ejecutivo “seguiría haciéndolo” de darse el caso, sin tener en cuenta que murieron muchos manifestantes a causa de disparos de bala de las fuerzas armadas y policiales y sin que hasta el momento se haya sancionado a los responsables.
Jugo consideró que hay un doble discurso del Gobierno. “Por un lado, dicen que no le temblará la mano y, por otro lado, que va a respetar el derecho de la población de río Tambo en Tía María, pero ya nadie cree en su palabra. Tanto Boluarte como Otárola han evidenciado que no buscan llegar a la verdad en el caso de las matanzas”, manifestó.
En su intervención en Perumin, el premier intentó dar garantías de estabilidad pese a la grave crisis económica que se vive en el país. Otárola no tuvo reparo en citar como un aliado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de que esa organización emitió un informe en el que dejaba en claro la existencia de acciones que podrían ser consideradas como vulneraciones a los derechos humanos y la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
“Quiero decir en esta Convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y tranquilidad de 33 millones de peruanos”, señaló el premier.
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Para el representante de la Coordinadora Nacional de DD. HH., lo manifestado por el jefe del gabinete va de la mano con las declaraciones de la defensa legal de Dina Boluarte, en el caso de los asesinatos en las protestas.
“Es una vergüenza que tanto Boluarte como el premier se hayan acogido al silencio y no tengan el valor de asumir su responsabilidad. Dicen que van a apoyar las investigaciones, pero no dan sus versiones, quieren responsabilizar a los autores materiales y esperar a ver lo que dicen para dar una respuesta, en una evidente maniobra que busca sacar provecho de su condición de altos funcionarios”, remarcó.
Versión. Según Otárola, el Gobierno controló más de 500 protestas violentas, marchas que pretendieron soliviantar el Estado constitucional de derecho.