Dina Boluarte culpa a manifestantes de las muertes en protestas

A pesar de las diferentes evidencias recolectadas por organismos internacionales defensores de los derechos humanos, investigaciones fiscales y el periodismo nacional e internacional, la presidenta Dina Boluarte culpó a los manifestantes de las protestas contra su Gobierno de ser los causantes de las decenas de muertes.

La mandataria llegó a Pichanaki, Junín, para inaugurar el puente modular Bailey y anunciar algunos proyectos. Pero el recibimiento no fue el que ella se esperaba. La Policía reprimió con gases lacrimógenos a quienes se manifestaron en contra de los visitantes del Ejecutivo. Desde la plaza de Armas le gritaban: “Asesina”, “Pichanaki te repudia”. Le recordaron las tres personas que fallecieron en esa zona durante el estallido social de diciembre pasado.

Y, claro, a Boluarte se le notó el malestar en su discurso. “A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo: ‘¡Dina asesina!’. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras: ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? ¡Fueron ellos mismos! Porque de esa manera querían doblegar a un Gobierno constitucional, a un Gobierno democrático. No sigan matando el desarrollo de los pueblos”, dijo.

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Lo curioso es que, después de acusar a los manifestantes, la jefa de Estado les dijo: “Unámonos, porque hasta en las diferencias podemos encontrar coincidencias”.

Gabinete parchado

Un día antes, Boluarte tomó juramento a los nuevos ministros como parte de un “relanzamiento de las políticas públicas”, en palabras del premier, Alberto Otárola, que ayer estuvo también en Pichanaki.

Al respecto, el analista político Jeffrey Radzinsky señaló que los cambios en el gabinete, en realidad, reafirman el poder del Congreso. “Es una manera que tiene el Gobierno de decirle al Parlamento que su prioridad es que no le pongan la pistola encima y que caminen todos juntos hasta el 2026”, refirió.

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En ese sentido, recordó que el cambio en Educación se produjo después de que la ministra saliente, Magnet Márquez, cuestionara públicamente la norma aprobada en el Legislativo que reincorpora en la carrera magisterial a cerca de 14.000 docentes cesados en el 2014 por haber reprobado el examen de evaluación.

Indicó que, pese a que ha habido cambios en carteras, es “muy poca la modificación en términos políticos”. “¿Cuál es la agenda que se cambia en materia de políticas públicas, por ejemplo? Es una suerte de continuación de esta mediocridad y pacto implícito con un Congreso que ni siquiera tiene que interpelar ministros porque hace un gesto y el Ejecutivo reacciona de inmediato”, señaló.

Por Márquez entró Miriam Ponce Vértiz. Ella formó parte del equipo técnico de Educación de Fuerza Popular en las elecciones de 2021. Para la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, la designación confirma una alianza entre el Gobierno de Boluarte y el fujimorismo. “Siempre lo he dicho, aquí hay un nuevo oficialismo en el Congreso”, señaló Luque.

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Otro ministro cuestionado es Eduardo Arana Ysa, en Justicia y Derechos Humanos. El exasesor de Gladys Echaíz tiene una denuncia policial: su esposa lo acusó de maltrato en el 2011. “Es inaceptable que un ministro de Justicia tenga sentencias por alimentos (2010), denuncias de violencia contra la mujer (2011)”, dijo al respecto la legisladora Susel Paredes.

“Ponce debe informar su postura”

Para el investigador del Instituto de Estudios Peruanos Ricardo Cuenca, los nuevos ministros y ministras tienen la necesidad de mostrarle a la ciudadanía que pueden actuar “con total autonomía del Congreso” y “hacer política para evitar la promulgación de leyes que afecten negativamente sus sectores”. “En Educación, la cuestión es más complicada, pues la ministra debe rápidamente informar a la ciudadanía cuál será su postura respecto a las contrarreformas, no solo a la ley específica de docentes interinos. Debemos conocer todos dónde se coloca”, apuntó.