Proyecto del Gobierno vulnera el derecho a la protesta, advierten analistas
Marianella Ledesma dice que es inconstitucional restringir derecho a protestar. José Ragas deja en claro que da carta blanca para la represión. Para Lucía Campos, hay un despliegue legal arbitrario.
A una semana de la denominada ‘Toma de Lima’, marcha con la que se busca la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales, en el Congreso de la República se está a la espera del debate y de las opiniones de diversas entidades sobre un proyecto de ley del Ejecutivo que quiere elevar los años de determinados delitos que ocurran en el estado de emergencia, eliminar la etapa de la investigación preliminar y enviar a juicio a los ciudadanos sin el debido proceso.
Especialistas en múltiples materias insistieron en el peligro del proyecto de ley del Ejecutivo, no solo porque limita el derecho a la protesta pacífica, sino porque vulnera las garantías procesales.
“No es ni proporcional ni razonable”
“No es proporcional el número de años de sanción que se le impone a quien sale y protesta, frente a los años que tiene un violador; segundo, tampoco es razonable que se le limite su derecho a la defensa. El violador de niñas tiene toda una garantía, procesos largos, frente a quien sale a ejercer un derecho a protestar, eso sí tiene un proceso sumarísimo; por eso digo que no es proporcional ni razonable el proyecto que está planteando el Ejecutivo”, advirtió Marianella Ledesma, exmagistrada del Tribunal Constitucional.
Comentó que el Ejecutivo se hace el ‘harakiri’ con esta iniciativa. Indicó que cuando la presidenta Dina Boluarte ya no esté en el poder, cada uno de sus actos serán apreciados en un contexto político que ella misma generó. “¿Y cuál será la lectura? Que ella quería evitar las protestas”, agregó. Dejó en claro que es “inconstitucional” pretender restringir el ejercicio de derechos como protestar, reunirse y la libertad de expresión.
La estrategia legal
El historiador José Ragas, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirmó que este proyecto de ley rompe completamente con el Estado de derecho y vulnera la posibilidad de que cualquier ciudadana o ciudadano pueda defenderse frente al Estado en una situación de protesta.
“Esta es la parte legal de una serie de estrategias que ha venido desarrollando el Ejecutivo desde que asumió el poder en diciembre para tratar de amedrentar a la población civil y tratar de criminalizar las protestas”, alertó Ragas.
Ragas señaló que el proyecto crea el marco legal para la impunidad y le da carta blanca a las fuerzas del orden para reprimir movilizaciones, arrestando sospechosos de manera indiscriminada. Asimismo, subrayó que impulsa una narrativa o discurso a nivel público y legal que motiva a grupos civiles para que se enfrenten contra manifestantes.
“Pone la carga de responsabilidad en la sociedad civil, más no en quienes tienen uso de las armas o de la fuerza, como es el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, acotó el estudioso social.
En esa línea, Ragas dijo que, de aprobarse un proyecto de esta naturaleza, solo queda apelar a los organismos internacionales, además de ejercer presión sobre las instituciones que tienen que observar este tipo de leyes y hacerles notar lo “peligroso” que es.
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La abogada especialista en derechos humanos, Lucía Santos, afirmó que “estamos viendo un despliegue arbitrario del brazo legal del Gobierno para tratar de recrudecer la criminalización de la protesta”.
Recalcó que la investigación intermedia que se busca suprimir permite presentar las suficientes pruebas para hacerles frente a los cargos imputados.
“De aprobarse, simplemente erosiona el incipiente Estado de derecho que aún tenemos”, dijo Santos, quien refirió que el Ejecutivo pretende disuadir a la población a unirse a las protestas con un castigo ejemplar para quienes lo hagan.
Gremios: Buscan criminalizar protestas
Jorge Pizarro, representante de la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), afirmó que este proyecto es parte de una “ruta dictatorial” y que pretende intimidar a quienes vayan a las protestas.
“Ese proyecto es el correlato de esa sentencia de Dina Boluarte cuando dijo: ‘Cuántos muertos más quieren’. Por extensión, está dando un rumbo a criminalizar la protesta. En realidad, debería archivarse porque no tiene la menor legalidad”, aseveró.
Gerónimo López (CGTP) estimó que esta iniciativa “es la acción de una dictadura que vive el país y que pretende acallar la voz del pueblo que la rechaza como presidenta”.
Reacciones
Marianella Ledesma, exmagistrada del TC
“Tenemos una jurisdicción que supera nuestras fronteras y tarde o temprano vamos a tocar las puertas de esta Corte IDH. Ella (Boluarte) está cavando su propia tumba con este tipo de proyectos”.
José Ragas, historiador
“Esta es la plataforma legal de una serie de discursos como son el terruqueo y asociaciones que se hacen de movimientos populares y civiles con Sendero Luminoso. Hay que llamar la atención de afuera”.
El dato
Iniciativa. El proyecto, presentado a inicios de año, busca modificar varios artículos del Código Penal, elevando las penas de delitos en estado de emergencia. Por ejemplo, en disturbios (de 8 a más de 15 años). Además, plantea modificar el artículo 446 del Código Procesal Penal para que los ciudadanos sean sometidos directamente a un proceso judicial.