La Contraloría General de la República exhortó al Poder Ejecutivo a promulgar la norma —aprobada en el Pleno del Congreso— que modifica la Ley n° 31277 respecto al ejercicio de control, fiscalización y sanción de la declaración jurada de intereses de autoridades, funcionarios y servidores públicos del Estado, así como los candidatos a cargos públicos.
Dicha solicitud se hace con el objetivo de permitir a los candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2022 presentar oportunamente sus declaraciones juradas de intereses.
“Invocamos al Poder Ejecutivo a promulgar dicha modificación (en el artículo 13 de la Ley 31227) a fin de contribuir a la transparencia, a un oportuno control social y a voto informado de la ciudadanía”, se lee en el comunicado emitido este viernes 1 de julio.
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En ese sentido, la Contraloría señaló que este pedido se hace debido a que la actual normativa “no garantiza” la inscripción de los candidatos para los próximos comicios el 2 de octubre.
“Sin embargo, debido a los plazos del cronograma electoral, y que aún no se conocen las listas de candidatos válidamente inscritos, y otros aspectos, la norma vigente no garantiza el registro oportuno de postulantes”, añadió.
Contraloría
El último 9 de junio, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, la norma que permite el oportuno cumplimiento de la obligación de la presentación de la declaración jurada de intereses, de manera preventiva, para los candidatos a cargos de elección popular.
Anteriormente, la titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza popular), mencionó que la Contraloría advirtió que el plazo establecido en la ley “no permitiría que en realidad sea posible ser cumplido” debido a una falta de lapso para admitir la lista de candidatos.
“Los candidatos admitidos al proceso electoral deberán presentar su declaración jurada de intereses de carácter preventivo en un plazo máximo de 15 días hábiles contados de recibido el correo electrónico que contenga los accesos al sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses; el mismo que es remitido por la Contraloría”, explicó la legisladora.