Aprueban PL para que Contraloría acceda al secreto bancario de investigados por corrupción
Con 104 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó dictamen que propone fortalecer la lucha anticorrupción con el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.
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El Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles 15 de junio un proyecto de ley para permitir que la Contraloría General de la República pueda acceder al secreto bancario de aquellos funcionarios que son investigados por casos de corrupción.
En efecto, con 104 votos favor, 1 en contra y 8 abstenciones, el Parlamento Nacional respaldó la propuesta de la Comisión de Constitución, liderado por Patricia Juárez (Fuerza Popular), de admitir los proyectos de ley 1161, 1162 y 1163 para que fortalecer la lucha anticorrupción en el país con el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.
Es así que el Pleno aprobó, en segunda votación, modificar el inciso 5 del artículo 2 de la vigente Constitución Política del Perú y agregar que los dos nuevos titulares y altos funcionarios que tiene la facultad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria sean el contralor general de la República, y el superintendente de Banca, Seguros y AFP.
Congreso
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Cabe mencionar que, en enero último, el Pleno aprobó, en primera votación, esta normativa para que los secretos bancarios de investigados por delitos de corrupción puedan ser analizados por la Contraloría, a fin de disminuir estos actos en el Estado.
Más temprano, la Contraloría emitió un pronunciamiento en sus redes sociales pidiendo al Legislativo aprobar esta normativa para que la entidad pueda revisar las cuentas de funcionarios investigados por casos de corrupción.
“Consideramos necesario invocar al Congreso de la República a aprobar, en esta legislatura, la segunda votación que permita garantizar los resultados del control en resguardo de los recursos de todos los peruanos”, expresó el comunicado difundido por el órgano de control.
Asimismo, la institución recordó que esta medida, que fue aprobada en primera instancia por 99 votos, es una herramienta eficaz “para profundizar y sustentar las investigaciones a malos funcionarios en los niveles de gobierno nacional, regional y local”.
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