Congreso quiere poder para suspensiones en la JNJ, ONPE, el JNE y TC

El Congreso no para de sorprender al pretender vulnerar la autonomía de las instituciones del Estado. Esta vez, los parlamentarios denominados ‘Los Niños’, por sus vínculos con el Gobierno de Pedro Castillo e investigados por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, en la modalidad de organización criminal y tráfico de influencias, vienen promoviendo un proyecto de reforma constitucional. El nombre de la iniciativa es ‘Fortalecimiento de la integridad e idoneidad de las autoridades del Poder Legislativo, Ejecutivo y de los poderes autónomos del Estado’.

El texto refiere que se debe remover a magistrados de la Corte Suprema, presidente, ministros, fiscal de la Nación y defensor del Pueblo, en caso de que sean sentenciados por delito doloso en primera instancia.

La medida que promueve el acciopopulista Jorge Flores Ancachi (autor) abarca además a los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Tribunal Constitucional (TC), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Para ello, el documento propone modificar los artículos 95, 124, 147, 156, 158, 161, 180, 182, 183, 191 y 201 de la Constitución. La iniciativa legislativa 6034/2023-CR, cuya autoría principal es de Flores Ancachi, tiene el respaldo de Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Wilson Soto y Luis Aragón. Sobre ello, se destaca que la suspensión de los titulares de las entidades responde a la sentencia judicial condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad. En esa línea, la suspensión es declarada hasta que no haya recurso pendiente de resolver.

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No es la primera vez

Pero esta no es la primera vez que un sector del Congreso trata de vulnerar las entidades. En mayo de este año, AP presentó un proyecto para acusar constitucionalmente a miembros del JNE, Reniec, la ONPE y JNJ por las causas que crean convenientes.

Esto ocurrió luego de que el TC notificara al Congreso recomendando que los máximos representantes de los tres organismos electorales sean sujetos de denuncias constitucionales y sancionados de manera política por el Parlamento.