Mañana jueves, finalmente, la Comisión de Ética empezará a revisar el caso del presidente del Congreso, Alejandro Soto. El lunes, este grupo de trabajo eligió a Diego Bazán, de Avanza País, como su presidente. Ese mismo día se acordó realizar una sesión extraordinaria.
De todas las denuncias que involucran al titular del Poder Legislativo, Ética abordará tres de ellas, que tienen que ver con hechos ocurridos a partir de julio de 2021.
La primera denuncia es por acogerse al beneficio de prescripción gracias a una ley que el propio Soto impulsó. La Ley 31751 le sirvió para evadir una pena de ocho años de cárcel por el delito de estafa.
La segunda tiene que ver con los ataques a parlamentarios desde cuentas en redes sociales. Las agresiones, de acuerdo a la denuncia de ‘Cuarto poder’, habrían sido coordinadas por asesores de Soto. Los blancos fueron los congresistas representantes del Cusco, la misma región de la que es oriundo el presidente del Parlamento.
Los trabajadores del despacho de Soto incluso brindarían un aporte económico para financiar la publicidad en favor de la imagen de su jefe.
En un comunicado, Soto negó cualquier responsabilidad: “Deslindo con este tipo de manifestaciones agravantes y expreso mi absoluto respeto a todos mis colegas parlamentarios”. Aparte, anunció una “investigación interna” para aclarar la situación.
La tercera denuncia es con relación a la contratación de la hermana de la madre de su hijo como trabajadora de su despacho congresal. “Se ha dicho que he contratado a mi cuñada en mi despacho. Eso es falso porque no es mi cuñada. Yo contraté a la señorita Yeshira Peralta el año en el que ingresé, en el 2021. Meses después, en una relación con su hermana, tuve un hijo, pero no es mi esposa ni es mi conviviente. No es mi pareja. Tuve una relación fugaz […]. Por lo tanto, no es mi cuñada”, ensayó Soto a modo de respuesta.
“En ese sentido, son tres casos que se van a manejar de manera individual, cada uno se va a votar y, obviamente, tengo la confianza de que va a proceder el proceso indagatorio, luego viene la investigación, se tendrán las audiencias del caso y, finalmente, se determinará responsabilidad”, declaró Bazán en RPP.
Cargo. Bazán tiene la obligación de que el caso Soto avance. Foto: difusión
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El ahora presidente de la Comisión de Ética añadió que “máximo en tres meses” se deberían tener los informes listos. “El compromiso que yo he asumido es acelerar todos los casos, no solo los que implican a Alejandro Soto, todos los casos son importantes”, dijo Bazán.
La máxima sanción que se podría imponer a Soto en el grupo de trabajo es de 120 días de suspensión. “La máxima sanción que da la Comisión de Ética es de 120 días, así está establecido en la Constitución. Cualquier procedimiento también podría verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, si así se determina”, indicó.
En tanto, Soto declaró para el canal de televisión del Congreso y aseguró que no ha cometido ningún delito ni cuenta con impedimento alguno de carácter legal para ejercer el cargo.
Consecuencias. Los congresistas del Cusco que fueron atacados a través de cuentas en redes sociales pidieron en una conferencia de prensa despedir a los trabajadores del despacho de Alejandro Soto por ser los presuntos responsables.