Ed Málaga pidió que el Congreso pague su abogado ante investigación de la Fiscalía

Luego de haber sido incluido en la investigación preliminar de la Fiscalía Adjunta Suprema del Ministerio Público, el congresista no agrupado Edward Málaga solicitó a la Mesa Directiva del Congreso que se encargue de "la contratación de defensa y/o asesoría legal" en su favor. Ello, luego de que se le incluyera como investigado por el presunto delito de falsa declaración en procedimientos administrativos y falsedad ideológica, los cuales habrían sido cometidos durante sus funciones como parlamentario.

El pedido fue cursado ante la directiva, con el oficio 0269-2023, y, por medio de él, Málaga se acogía a la Ley de Servicio Civil 30057, a fin de que su defensa ante la Fiscalía sea pagada con dinero del Legislativo y, por consiguiente, del Estado.

En dicho documento se precisa que Málaga busca que "el Congreso de la República contrate los servicios de la defensa legal externa para que lo asesore y represente en la citada denuncia penal".

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Dicha solicitud fue autorizada por la Mesa Directiva, emitiendo la disposición de que la Dirección General de Administración realice las acciones "administrativas y presupuestales pertinentes para la contratación del servicio de defensa legal a favor del congresista Edward Málaga Trillo".

Una defensa pagada íntegramente por el Estado de la que finalmente desistió

Con esta disposición, Edward Málaga Trillo contaba con asesoría y representación en el proceso de investigación preliminar en el que está implicado en calidad de investigado por la Fiscalía Adjunta Suprema "encargada del Área de Enriquecimiento ilícito por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica".

Cabe destacar que, según la Ley de Servicio Civil, en caso de que Málaga Trillo sea declarado culpable, este tendrá que reembolsar el costo íntegro de la defensa legal que el Legislativo ha decidido asumir.

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Ed Málaga responde sobre pedido al Congreso de que asuma su defensa

Este medio se contactó con el congresista Málaga, quien, por medio de una nota aclaratoria, señaló que la investigación que se inicia en su contra correspondería a una "denuncia fiscal por difamación", resultantes de la labor de fiscalización realizada por Málaga ante el Ministerio de Trabajo.

Málaga sostiene que, al tratarse de una denuncia relacionada con sus funciones, hizo la solicitud a la Mesa Directiva; pero que en la nota aclaratoria enviada a este medio se precisa que, efectivamente, Málaga "inició el trámite sugerido por el parlamentario; sin embargo, se constató que este proceso sería largo y engorroso, además de generar gastos innecesarios al Estado, tomando por ello la decisión de no hacer uso de esa prerrogativa y más bien, asumir de manera particular la defensa legal que viene recibiendo a la fecha y por el tiempo que duren las diligencias".