La bancada de Perú Libre presentó una propuesta legislativa para que el Estado peruano otorgue una indemnización valorizada en casi S/1 millón a las víctimas del uso de armas por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) durante las protestas en diversas regiones en el interior del país a raíz de los reclamos para la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, entre otros.
Por iniciativa de la congresista María Elizabeth Taipe Coronado, se presentó el proyecto de ley 4288/2022-CR con el objetivo de “regular la indemnización a las personas que presenten lesiones graves y minusvalía, víctimas del uso desproporcionado de armas letales y no letales por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas ciudadanas”.
Asimismo, en el documento se precisa que la indemnización será equivalente a S/247.500 (50 UIT) para las personas que presenten lesiones graves. De igual manera, se darán S/495.000 (100 UIT) a los que quedaron en estado de minusvalía y S/990.000 (200 UIT) si la víctima es un niño, una niña y un adolescente.
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Seguidamente, el proyecto precisa que las lesiones “deben ser provocadas por las armas letales y no letales utilizadas durante los actos de represión por parte de los miembros de las fuerzas militares y policiales”.
Además, menciona que dichas lesiones pueden presentarse “por causas de represión violenta, desproporcionada en contra a la integridad física y mental de las personas que, por razones de convicción política, o de cualquier otra índole, sean heridas por los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas en actos de servicio oficial y no oficial”.
“Se ha comprobado que muchas de las personas heridas no se encontraban ni siquiera protestando, sino transitando por las vías únicas de conexión de las localidades, pero que fueron alcanzados por los proyectiles disparados por los encargados del orden como si matando o hiriendo a las personas se podría pacificar a una población que solo quería protestar por las muertes de sus paisanos, amigos o familiares”, se lee en el documento recibido al último viernes 17 de febrero.
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En ese sentido, Perú Libre considera que “no existe prueba alguna” de actos ilícitos cometidos por los manifestantes, por lo que no se justifica el abuso de fuerza de la Policía y los militares.
“Por el contrario, lo que es evidente es la actitud matonesca, agresiva, desproporcionada e ilícita con la que reprimían a manifestantes. Sin tomar en cuenta su edad, género, la Policía disparaba a todo lo que se movía”, agrega.