Congreso: APP plantea restringir postulación de sentenciados por terrorismo y corrupción para cargos públicos

A razón de una iniciativa impulsada por la congresista Lady Camones, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) ha elaborado un proyecto de ley en el que propone realizar una reforma constitucional a la vigente carta magna, a fin de impedir que las personas que aspiren a ocupar un cargo público o de elección popular no puedan participar si en caso contaran con sentencias por terrorismo, corrupción o por violación sexual.

¿De qué trata este nuevo dictamen?

En principio, debemos recordar que, según el artículo 139 inciso 22 de la Constitución del Perú, las personas que estén bajo la condición de "un régimen penitenciario tienen por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad", es decir, pueden volver a tener participación activa en la política o desempeñarse en cargos de elección popular como congresistas, presidente, alcaldes, entre otros.

Por esa razón, la otrora presidenta del Congreso, Lady Camones, busca que en el Parlamento se apruebe el dictamen 4121 y de este modo modificar el artículo 139, estableciendo que "los sentenciados por terrorismo, peculado y corrupción de funcionarios, narcotráfico y violación sexual, aun cuando hubieran sido rehabilitados, no podrán acceder a cargos públicos o de elección popular".

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Antecedentes en las Elecciones Regionales y Municipales 2022

Por otro lado, Camones Soriano recordó que en los últimos comicios electorales celebrados el 7 de octubre, alrededor del 18,4% y 9,8% de los alcaldes provinciales y distritales electos, contaban con sentencias civiles. A su vez, el 10,7% y 5,2% contaban con sentencias penales.

Del mismo modo, Lady Camones hace referencia en dicho proyecto de ley que, "territorialmente, en 23 de los 25 departamentos hay al menos una autoridad electa con sentencias civiles; encabeza Áncash (23) y Lima (22). Y con sentencias penales Áncash (17) y Cajamarca (12)".

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Finalmente, la congresista también resalta que en el Acuerdo Nacional para el fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho, el inciso d mencionará claramente que es deber del Estado "establecer normas que sancionen a quienes violen o colaboren en la violación de la constitucionalidad, los derechos fundamentales y la legalidad”.