La censurada presidenta del Congreso, Lady Camones, niega haber ofrecido ayuda al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, tal como concluye el informe del área de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, instancia que inició un proceso sancionador en su contra por la presunta infracción al principio de neutralidad.
En los descargos remitidos al JEE Lima Centro, Camones dice que “la presunta infracción no se condice con la realidad de los hechos” y que fue Acuña Peralta quien hace mención del proyecto de ley para la creación del distrito de Alto Trujillo, iniciativa que —en palabras del fundador de APP— lo beneficiaría en su campaña al Gobierno Regional de La Libertad.
“Fue el candidato quien hizo declaraciones referentes al proyecto de ley en mención cuyo proponente es el Poder Ejecutivo, en tanto que la recurrente en ningún momento ‘ofreció' su ayuda, es más, critiqué el uso del mecanismo de exoneración para acelerar el proceso de aprobación de las leyes e indiqué que vaya a comisiones y siga las etapas del procedimiento legislativo”, alega la parlamentaria en su escrito.
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“Al no haberse aprobado el proyecto sobre el cual expresó su interés el candidato, precisamente por mi postura a que este debe seguir con el trámite regular, no existe ninguna posibilidad que mi actuación haya significado una vulneración a las normas sobre neutralidad y menos que haya existido ‘ofrecimiento de ayuda’ como erróneamente se concluye”, insiste Camones.
Descargos de Lady Camones al JEE Lima Centro. Foto: documento
Por ello, Lady Camones afirma que “no puede asumir responsabilidad por las expresiones vertidas por otros miembros de la agrupación política” y que en “ningún momento” uso el cargo de congresista o jefa de la Mesa Directiva para favorecer a César Acuña.
“Mis expresiones solo muestran mi posición de respeto el procedimiento legislativo ordinario sin saltarse ninguna etapa, aunque ello conlleve demora en su aprobación (posición contraria a una aprobación de ley exprés)”, dice.
Al inicio de sus descargos, Lady Camones asegura que el audio base del proceso sancionador configura una “prueba ilícita, toda vez que la misma ha sido obtenida, vulnerando el derecho a la intimidad privada” de los participantes del encuentro partidario.
“De manera ilegal, una de las personas asistentes a la reunión, infringiendo dicho derecho y sin contar con la autorización de las demás asistentes, grabó conversaciones privadas y luego fueron difundidas a través de un medio de comunicación digital. Por tanto, la prueba de cargo, carece de efectos jurídicos para la imputación de la infracción que supuestamente se me atribuye”, agrega.