Ya no será tan fácil reemplazar al jefe de la Policía Nacional

El Congreso aprobó por insistencia la autógrafa observada por el presidente de la República Pedro Castillo que establece dos años en el ejercicio del cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú. De esta manera, se evitan los cambios constantes en los mandos de la institución, como lo venía haciendo el presidente Pedro Castillo, y se le da estabilidad al cargo.

La propuesta legislativa, que obtuvo 82 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Inicialmente fue aprobada por el Pleno del Congreso el 2 de junio, pero resultó observada por el Ejecutivo el 8 de julio.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, José Williams Zapata (Avanza País), refirió que la norma tiene dos partes, una sobre asuntos de criminalística, y otra que precisa el periodo que asumen los comandantes generales de la PNP, por dos años, al igual que los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.

Mencionó que con esta ley se busca que el comandante general de la Policía tenga la continuidad necesaria para la planificación de estrategias y acciones a mediano plazo, especialmente en la lucha contra la inseguridad y el orden interno. Además, que la institución policial sea respetada y que la comandancia general sea un cargo meritocrático.

La norma precisa que el comandante general no podrá ser removido del cargo por otras causales que no estén señaladas en la ley, respetando así la institucionalidad y a la persona que comanda la PNP. Se incluyen seis causales de cese antes del vencimiento de los dos años y 114 faltas que podrían retirar del cargo.

Las causales de cese señaladas son las siguientes: por muerte, por solicitud de pase al retiro, por incapacidad física permanente debidamente declarada por una junta médica que precise la inhabilitación para el ejercicio de la función, por incurrir en falta muy grave de acuerdo al régimen disciplinario de la Policía Nacional, por incurrir en la Comisión de Delito Doloso declarada con sentencia firme por el Poder Judicial y por incurrir en la comisión de delito flagrante.

El Ejecutivo había presentado tres observaciones a la autógrafa de ley. Dijo que vulnera los principios constitucionales de separación de poderes y de competencia. Resulta innecesaria y genera sobrerregulación. Además, incluye más causales de cese para el comandante general.

A favor y en contra

La norma generó distintas reacciones. La congresista Tania Ramírez (FP) mencionó en sus redes sociales que se ha otorgado seguridad a la PNP para que “puedan actuar apartados del poder político de turno”.

En cambio, la parlamentaria Ruth Luque votó en contra al considerarla innecesaria.

“Voté en contra por dos razones. Una primera es que los cambios propuestos afectan la autonomía y el marco de la competencia del Poder Ejecutivo. La segunda razón es que hay un conjunto de requisitos que ya están establecidos, pero lo hacen de manera explícita, lo cual me parece innecesario ya que está regulado”.

Faltan reglas contra la corrupción

Enfoque: por Rubén Vargas, exministro del Interior

Estamos de acuerdo con fortalecer el marco normativo de la PNP dándole estabilidad al alto mando policial, con fortalecer la institucionalidad de la Policía. A la par de esa garantía también se debe tener reglas claras para enfrentar la corrupción al interior de la PNP. Reglas claras para evitar que se convierta en una herramienta de los que detentan el poder.

Necesitamos hacer un acuerdo político que permita construir una Policía más moderna, pero no es tema para este gobierno que ha contaminado a la PNP.

Cómo hablar de fortalecerla si el presidente acaba de convertir en teniente general y en el segundo al mando de la Policía a un personaje procesado por robar combustible a la institución y por formar parte de un escuadrón de la muerte que asesinó a más de 30 personas. O cuando pide sanción y destitución de un coronel que investiga a una estructura criminal que, según la Fiscalía, la encabeza el presidente.