Ocho compañeros de oficina de Jorge Torres y Andrea Vidal son testigos claves
Entre octubre del 2023 y setiembre del 2024, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y la abogada asesinada en La Victoria compartieron el mismo centro de labores, pero la segunda tuvo que renunciar por un conflicto hasta al momento desconocido. De los diez que trabajaban en el despacho, siete eran mujeres. Hay dos abogados muy vinculados con Renovación Popular. Isabel Cajo Salvador fue parte del equipo durante todo ese periodo.
El testimonio de los servidores de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso (OLCC), que compartieron funciones durante la gestión de Jorge Torres Saravia, como jefe del despacho, y de Andrea Vidal Gómez, como abogada, será determinante para establecer si el conflicto entre ambos está relacionado con el asesinato de la letrada.
De acuerdo con los registros del personal de la OLCC, Andrea Vidal Gómez ingresó a laborar en octubre de 2023 y concluyó en setiembre de 2024. En dicho periodo, el titular del despacho fue Jorge Torres Saravia.
Trabajaron bajo las órdenes de Torres, y junto con Andrea Vidal, los abogados Erick Recarte Panchano, Indira Ruiz Ponce, Verioska Jordan Paz, Kennia Cóndor Ticse, Milagritos Quintana Mogollón y Guillermo Díaz Sánchez. También aparecen como “técnicos” Kathleen Mariño Fierro e Isabel Cajo Salvador, quien ahora se encuentra en la oficina del congresista acciopopulista Edwin Martínez Talavera.
Patricia Durand preside la Comisión ad hoc que investigará a Jorge Torres Saravia y la presunta red criminal en el Congreso a nivel administrativo. Foto: composiciónLR/difusión
Como jefe de la OLCC, Jorge Torres percibía mensualmente S/19.277; Erick Recarte (S/12.663); Guillermo Díaz (S/15.470); Andrea Vidal (S/10.402); Indira Ruiz (S/10.402); Milagritos Quintana (S/7.106); Verioska Jordan (S/4,953); Kennia Cóndor (S/7.106); Isabel Cajo (S/7.883); y Kathleen Mariño (S/4.943).
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De los 10 trabajadores, 7 eran mujeres.
De acuerdo con fotografías que en sus redes sociales compartieron algunos de los servidores mencionados, por lo general todos eran parte de las reuniones de camaradería a las que convocaba Jorge Torres.
“Las contrataciones las decidía Torres. Era quien las citaba en su oficina y evaluaba sus documentos personales. Cada una tiene una historia propia con Torres. Se entiende que coordinaba con Alianza para el Progreso (APP), que es el partido para el que trabajaba”, dijeron fuentes relacionadas con la OLCC.
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El presidente del partido, César Acuña, y el secretario general de APP, Luis Valdez Farías, han negado que Jorge Torres Saravia es un militante de la organización política. Y mucho menos alguien allegado a la dirigencia. Empero, Valdez admitió que mantuvo amistad con Torres y que fue él quien lo reclutó como asesor en el Congreso.
Los que saben todo
La Comisión de Fiscalización ha citado a funcionarios de Congreso como parte de la investigación sobre una presunta red de corrupción y proxenetismo, entre ellos a la jefa de Recursos Humanos, Haydi Figueroa; al actual jefe de la OLCC, Jesús Mateo Llano; y al procurador del Poder Legislativo, Manuel Peña Tavera. Pero quienes más información tienen sobre lo que sucedía en el despacho del hombre de confianza de APP, Jorge Torres Saravia, son los 10 servidores mencionados.
“Los funcionarios citados por la Comisión de Fiscalización, al no haber trabajado en la OLCC en el periodo en el que coincidieron Jorge Torres y Andrea Vidal, poco o nada saben del vínculo entre ellos. Han debido llamar primero a los abogados y a los técnicos que estaban en pleno contacto con Torres y Vidal. Ellos estaban al tanto de los detalles los incidentes que causaron la renuncia de Andrea”, indicaron fuentes relacionadas con la OLCC.
“Además, son ellos que conocen con quiénes Jorge Torres coordinaba para elaborar informes favorables a congresistas de APP y aliados que enfrentaban acusación. Un ejemplo es el caso del expresidente del Congreso Alejandro Soto, denunciado por presunto nepotismo. La OLCC de Jorge Torres se pronunció diciendo que Soto no había cometido delito. Y en ese informe se basó la Comisión de Ética para no acusar a Soto, que es de Alianza para el Progreso”, añadieron otras fuentes con conocimiento del caso.
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“¿Quiénes más pueden saber sobre cómo se elaboró ese informe exculpatorio en beneficio de Alejandro Soto? Los servidores de la OLCC. Solo han citado al mismo Jorge Torres Saravia, quien, por supuesto, lo negará todo”, precisaron las fuentes.
A Alejandro Soto se le atribuyó haber contratado a Yeshira Peralta Salas como coordinadora de su despacho. Ella es hermana de Lizbeth Peralta Salas, con la que Soto tuvo un hijo. El argumento de este fue que no existió nepotismo porque no se casó con Lizeth Peralta, por lo tanto Yeshira Peralta no es su cuñada. Increíblemente, la OLCC, bajo la conducción de Jorge Torres Saravia, le dio la razón.
Lavadora legal
“Siendo que el señor congresista Alejandro Soto a la fecha en que Yeshira Peralta Salas inició su proceso de contratación con el Congreso, declaró formalmente su estado civil de divorciado, y no teniendo el Departamento de Recursos Humanos documento alguno que acreditara su estado convivencial y/o unión de hecho entre Alejandro Soto y Lizeth Peralta (declaración jurada, documento notarial o sentencia judicial), no se advierte tampoco que haya existido alguna irregularidad en la contratación de Yeshira Peralta Salas, en el extremo de la prohibición de contratación por razón de convivencia o la unión de hecho extendido hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”, argumenta el informe de la OLCC, en el tiempo que la dirigía Jorge Torres.
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“No es mi cuñada porque no soy casado ni es mi conviviente (Lizeth Peralta)”, declaró Alejandro Soto, repitiendo el mismo tenor del informe de la OLCC. Sin embargo, el programa ‘Cuarto poder’ evidenció que Soto convivía con Lizeth Peralta.
Quiénes son
Cuando se reveló la vinculación de Jorge Torres Saravia con una presunta red de prostitución en el Poder Legislativo, Alejandro Soto fuer uno de los primeros en negarlo: “Tengo que rechazar esas afirmaciones tendenciosas y calumniosas que se vienen efectuando a través de distintos medios de comunicación. Yo no sé cuál es la base, o cuál es el argumento, o cuál es la prueba que demuestre que en el Congreso haya una red de prostitución”, dijo.
Sin embargo, en la OLCC que controlaba APP cuando lo jefaturaba Jorge Torres, también había personal vinculado con Renovación Popular, el partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Kennia Cóndor Ticse es media hermana del magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse. En 2021, siendo candidato al TC, Gutiérrez actuó como abogado de Renovación Popular para apelar una sanción del Jurado Nacional de Elecciones por propaganda indebida. Kennia Cóndor y Gustavo Gutiérrez son fundadores del bufete Gutiérrez Ticse Abogados & Consultores Asociados. Kennia Cóndor laboró en el despacho de la congresista Roselli Amuruz, en 2023, y poco después se incorporó a la OLCC.
En el caso de Milagritos Quintana Mogollón, es teniente alcaldesa del distrito de La Molina, elegida por Renovación Popular. En su momento, denunció por supuesta violencia psicológica al burgomaestre Diego Uceda y el Poder Judicial le otorgó medidas de protección. Pero se las revocaron y se dispuso investigar a la autoridad que le concedió las medidas.
María Isabel Gómez, madre de Andrea Vidal, cree que su hija no era el objetivo de los sicarios. Pero dejó abierta la otra posibilidad, en declaraciones a ‘Radioprogramas’: “Lo asumiré y colaboraré con las investigaciones, porque la más interesada voy a ser yo. Me va a doler en el alma, pero lo voy a asumir y voy a ser la primera en involucrarme en la investigación. No sé con qué fuerza, pero lo voy a hacer”, expresó, muy consternada.