Esterilizaciones forzadas: organización de víctimas y sus abogados verán el cumplimiento del dictamen del CEDAW
Se reunirán con funcionarios del Estado peruano para gestionar los siguientes pasos respecto a los dictámenes y recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre la denuncia de cinco casos emblemáticos.
En los próximos días, la asociación de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas (Ampaef) y sus abogados se comunicarán con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de genstionar una entrevista con el ministro de Justicia y el titular de Relaciones Exteriores, con el propósito de hacer seguimiento a los dictámenes y recomendaciones que el CEDAW formuló el 4 de octubre de 5 casos presentados en el 2020.
El plazo que dio el órgano de Naciones Unidas al Estado peruano para que responda por escrito e informe las medidas adoptadas sobre dichos dictámenes y recomendaciones, es de seis meses.
El Comité dictaminó que los hechos sometidos a su consideración ponen de manifiesto la vulneración de derechos de las mujeres que fueron sometidas a la política de control de natalidad en los años 90. Asimismo, anota que la esterilización forzada, cuando es generalizada y sistemática, constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
También menciona que el 9 de agosto de 2024 el Estado promulgó una ley que impide la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 1 de junio de 2002. Y recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado a anular dicha ley por contravenir el derecho internacional.
Entre sus recomendaciones está la indemnización económica a las víctimas y sus familiares por los daños físicos y psicológicos sufridos. Asimismo, la entrega de asistencia psicológica y la adopción de medidas urgentes para acelerar la investigación que conlleve a la identificación y sanción de los responsables. Precisa que estas acciones alcanzan a todas las mujeres inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo).
La asesora de Ampaef, María Esther Mogollón, informó que como organización también van a pedir reuniones con los ministros de Justicia, Salud, y de la Mujer para ver cómo van a llevar a cabo estos mandatos.
Refirió que en la búsqueda que hacían para llevar adelante los casos de esterilización forzada, ya que los procesos en el Poder Judicial eran lentos, se encontraron en 2020 con abogados chilenos de la organización Justicia y Reparación. Ellos en alianza con Ampaef presentaron estos cinco casos a la ONU.
“De los 3 000 casos que tiene Ampaef, y para aprovechar el apoyo de los abogados chilenos, se hizo una selección de casos emblemáticos que simbolizan la política que había implantado Alberto Fujimori en el país. Fue un trabajo cuidadoso que hemos hecho sin descuidar el proceso en el Perú que avanza muy lento e incluso volvió a cero”, mencionó María Esther Mogollón.
“La medida de la ONU es histórica para los cinco casos, pero impacta en los 8 000 que están en el Reviesfo”, acotó.
