La Operación Mercurio contra la minería ilegal en Madre de Dios, ejecutada el 19 de febrero del 2019, fue en su momento un extraordinario golpe a una de las actividades criminales más poderosas en el país. Cinco años después de la más vasta acción desde el Estado, que contó con la participación de 1.200 efectivos de diferentes unidades policiales y 300 militares, además de la intervención de 70 fiscales, el 98% del área que las autoridades recuperaron con enorme esfuerzo ha regresado a manos de los explotadores de oro al margen de la ley.
No solo porque no se ha repetido nunca más la Operación Mercurio —que se suponía debía emularse hasta 2029—, sino también por falta de decisión política. Y porque desde el Estado ahora se promueven normas que favorecen, alientan y benefician a la minería ilícita, que moviliza alrededor de US$4.000 millones anualmente, según las proyecciones de los especialistas.
“La minería ilegal se ha triplicado en Madre de Dios”, confirmó a La República la exfiscal especializada en materia ambiental de Madre de Dios, Karina Garay Tapia, quien dirigió, precisamente, la Operación Mercurio en 2019.
“La minería propiamente ilegal, en la que participan personas que no tienen autorización, extrae minerales en zonas prohibidas, como en las áreas protegidas y en las zonas de amortiguamiento; por ejemplo, el sector conocido como La Pampa”, explicó la exfiscal Karina Garay, una de las mayores conocedoras del problema.
Desde 2019 no se ejecuta una nueva Operación Mercurio en Madre de Dios que dio un duro golpe a la minería ilegal.
Lo que ha contribuido a que la minería ilegal se haya empoderado, no solo en Madre de Dios sino en otras zonas del país, es que desde el Estado se ha dado un paso atrás en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a la explotación ilegal de minerales.
A FAVOR DE LOS ILEGALES
“La verdad es que hubo promesas políticas hacia los mineros ilegales. Cuando el expresidente Pedro Castillo estuvo en campaña política, les prometió que los iba a formalizar. Y cómo no pensar mal de nuestros gobernantes, especialmente de nuestros legisladores. Hemos visto durante toda esta etapa (Gobierno de Dina Boluarte) que tanto en el Ejecutivo como en el Congreso se han estado dando leyes a favor de la minería ilegal, que promueven impunemente dicha actividad. Prácticamente, los han ayudado a los mineros ilegales con normas más flexibles”, manifestó la exfiscal Garay.
“Por ejemplo, ahora los mineros que están en proceso de formalización ya no pueden ser investigados por minería ilegal. Y así la Fiscalía o la Policía intervenga a un minero formal que está haciendo algo ilícito, no puede procesarlo porque existe impunidad”, dijo.
Este tipo de iniciativas a favor de la minería ilegal no han dejado de tener apoyo en el Congreso, especialmente del legislador de Madre de Dios Eduardo Salhuana Cavides, relacionado con la defensa legal de organizaciones y empresarios señalados de promover la extracción ilegal de mineral.
La exfiscal Karina Garay que dirigió la Operación Mercurio considera que el Estado en lugar de combatir a la minería ilegal, la está promoviendo con normas que favorecen la impunidad.
“El congresista Eduardo Salhuana presentó un proyecto de ley para modificar la interdicción de la minería ilegal, que pretendía que los bienes incautados sean donados a los Gobiernos regionales y municipales. Sin embargo, la Fiscalía, la Policía y la Marina no cuentan con la logística para mover esas maquinarias que se emplean en la minería ilegal. Afortunadamente, no ha sido aprobada por el Ejecutivo, pero la ley de Salhuana ha regresado al Congreso —que ahora él preside— y quién sabe si por insistencia la pueden aprobar”, alertó la exfiscal Karina Garay.
Mientras que la minería ilegal moviliza más de US$4.000 millones al año, el presupuesto asignado por el Ejecutivo para 2024 a la Dirección de Investigación de Medio Ambiente de la Policía Nacional es de S/47 millones (alrededor de US$12,6 millones). Con ese monto insignificante, se pretende destruir a las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, que han superado incluso al narcotráfico.
EN MALAS CONDICIONES
Según fuentes del alto mando de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación del Medio Ambiente de la PNP maeja un presupuesto de S/47 millones al año para las operaciones de interdicciones contra la minería ilegal en el país. Y de ese total, la Policía de Medio Ambiente ya ha gastado S/31 millones en viáticos par el personal policial y alquiler de vehículos.
El jefe de Planeamiento de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, coronel PNP Miguel Barreto Rivera, señaló que el presupuesto que se le asigna es insuficiente.
“Contamos con el plan permanente que se llama Restauración, que es la continuación de Mercurio, y este plan conlleva a la interdicción ilegal. Estamos combatiendo en una situación desigual con la minería ilegal. ¿Por qué? Porque ellos manejan más recursos económicos y en forma efectiva adquieren sus maquinarias y las ponen a operar en las zonas donde precisamente la policía los ha intervenido”, explicó el coronel Barreto.
Además del problema de recursos y de logística, tampoco hay suficiente personal. El estimado de personas dedicadas a la minería ilegal sería entre 15.000 y 25.000 en Madre de Dios, de acuerdo con estudios recientes. Pero el número de policías desplegado en la zona es ínfimo. Asimismo, no hay apoyo de helicópteros ni de vehículos para el desplazamiento. “No contamos con los medios ni un presupuesto adecuado y permanente para poder luchar a la par contra la minería ilegal. Es necesario incrementar nuestros recursos como transporte y horas de vuelo para neutralizar a la minería ilegal. Actualmente, la Dirección de Investigación de Medio Ambiente de la Policía Nacional cuenta solo con 56 efectivos asignados en seis bases policiales en Madre de Dios. No solo se debe incrementar el número de efectivos, sino también los recursos, porque el desplazamiento en la zona es bastante difícil. Mientras los mineros ilegales utilizan vehículos como trimóvil y motos, nosotros nos desplazamos en camionetas”, indicó el coronel Barreto.
“Ellos (mineros) son más efectivos, debido a que cuando sus vehículos o maquinarias son destruidas o incautadas por la policía, a la semana se compran otro y más moderno. Ahí está la desventaja”, señaló.
Para ejecutar la Operación Mercurio se invirtieron S/122 millones para literalmente limpiar La Pampa de mineros ilegales.
Según la PNP, en lo que va del 2024, se ha cumplido con 390 operativos contra la minería ilegal. En 2023 fueron 472; en 2022, un total de 576; y en 2021 llegó a 378 operativos. Sin embargo, son acciones muy menores en comparación con la Operación Mercurio, que nunca más se repitió.
El Alto Comisionado de la PCM contra la minería ilegal, Rodolfo Garcia Esquerre, confirmó el incremento de dicha actividad y señaló que se requieren nuevas normas.
"LA MINERÍA ILEGAL CRECIÓ"
El alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros para el Combate a la Minería Ilegal, Rodolfo García Esquerre, reconoció que la minería ilegal experimenta una subida.
“El incremento del precio del oro es una de las principales razones para que eso ocurra, pero también lo es el marco legal vigente que de alguna manera no ha sido favorable para promover la formalización de los mineros. La interdicción propiamente dicha ayuda, pero no es suficiente. Debe complementarse con otras medidas en las que deben intervenir tanto el sector público como el privado”, señaló.