Exposición. Luego de reunirse con sus ministros desde las 9.30 a. m. de este miércoles 26 de abril, la presidenta Dina Boluarte convocó a una conferencia de prensa. La enunciación comenzó, tal y como informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno, una vez terminada la junta del gabinete.
La mandataria cambió cuatro perfiles que presidían despachos en el Ejecutivo: José Tello (Justicia y Derechos Humanos), Óscar Becerra (Educación), Luis Alfonso Adrianzén (Trabajo y Promoción del Empleo) y Luis Fernando Helguero (Comercio Exterior y Turismo). El reemplazante de Tello, el inhabilitado en el Colegio de Abogados Daniel Maurate, es el mismo que registra 188 comunicaciones telefónicas con los sindicados en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, según registros de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La primera mandataria de la nación fue consultada por la permanencia en el gabinete del inhabilitado en el Colegio de Abogados Daniel Maurate, también dialogante con los sindicados en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. "Vamos a evaluar su función en el ejercicio de su cartera", respondió.
Foto: Antonio Melgarejo/La República.
Vicente Romero Fernández respondió sobre el estudio de la organización internacional Human Rights Watch sobre la flaqueza de los derechos humanos en el país. “Las investigaciones (por las muertes en protesta) siguen en curso. Hay personas identificadas por Fiscalía, pero no han concluido. Desde el sector estamos apoyando cualquier tipo de información que requieran", dijo.
El titular del Interior, Romero Fernández, junto al ministro de Defensa, Chávez Cresta, dispusieron que "todo ciudadano tendrá que ingresar por los puestos de control establecidos en el sistema migratorio".
Foto: Vanessa Sandoval/La República.
Sobre seguridad interna, Boluarte Zegarra avisó la integración de 5.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Foto: composición LR/LR/TV Perú.
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El Gobierno se refirió brevemente al contundente informe final de la organización internacional Human Rights Watch sobre la vulnerable situación del Perú en materia de derechos humanos. En el documento no solo se ratificó la existencia de una respuesta desproporcionada y generalizada de las Fuerzas Armadas y la PNP contra transeúntes y marchantes, sino también se advirtieron las deficiencias en la Fiscalía de Patricia Benavides Vargas en las investigaciones por los fenecidos en las provincias del país.