
Cuestionamiento. El Gobierno de Dina Boluarte decidió vigilar el trabajo periodístico en las protestas sociales. Se delegó al Ministerio del Interior de Vicente Romero el “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público” para controlar el oficio del reportero austero e independiente y decidir su ubicación en el ejercicio de su labor, según el análisis de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
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Pese a que la cartera de Romero defiende el manual de acción policial, arguyendo una supuesta coordinación previa a la publicación del documento final entre representantes de los despachos de Salud y Justicia en conjunto con el Colegio de Periodistas del Perú, la CNDDHH retrucó que “no se consultó con los reporteros que hacen cobertura a nivel nacional". Otros gremios como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se han manifestado en contra de la medida.
Tampoco estuvo acorde el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca. Mediante su cuenta de Twitter, pidió a la gestión de Boluarte Zegarra reconsiderar el protocolo porque “en un contexto de profunda crisis política y social se necesita de más —y no menos— garantías a la libertad de prensa“.





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