Gisela Ortiz: “Dina Boluarte gobierna con la derecha y con los que la terruquearon”

La exministra de Cultura Gisela Ortiz conversó con La Republica tras su regreso de Londres para repatriar los restos de las víctimas de La Cantuta. Tras dar seguimiento al regreso de las muestras de huesos y sangre que el Ministerio Público envió hace casi 30 años para su identificación, precisa que la muerte de un familiar por motivos políticos es una herida difícil de cerrar y un proceso complejo de comprender. Sobre la actualidad, dice entender el momento que vive el país, el cual, con más de 60 muertos producto de la represión del Gobierno de Dina Boluarte, se inclina hacia nuevos procesos de búsqueda de justicia.

—Luego de casi 30 años retornaron a nuestro país los restos de los estudiantes y el profesor de la universidad La Cantuta asesinados por el grupo Colina, tras ser enviados a Inglaterra para ser sometidos a pruebas de ADN. ¿Qué información se encontró tras los exámenes de identificación?

—El día de ayer tuvimos una diligencia en Ayacucho, en el laboratorio de biología molecular del Equipo Forense Especializado en Medicina Legal del Ministerio Público y, en realidad, lo que se hizo es un deslacrado de todos los elementos traídos desde Londres, no solo muestras de sangre de los fallecidos, sino también restos óseos con documentos. Ia mayoría de ellos están en inglés y necesitan una traducción oficial. Imagino que eso será solicitado por la Fiscalía en los próximos días.

Lo poco que se ha podido ver es que se pudieron procesar las muestras, pero no se sabe si en algún momento se hicieron todos los cruces necesarios y si tuvieron resultados. Por eso, vamos a esperar la traducción oficial. Nosotros, como familiares, y a través de Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos), solicitamos el expediente para que nosotros vayamos a revisar uno a uno los documentos, cosa que ayer (sábado) no se hizo, sino solo ver lo que había llegado. La expectativa de los familiares es grande por ver si hay resultados. Siempre es complejo tratar de entender la muerte para cerrar un proceso que ha tardado tantos años.

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—Esto ocurrió el último miércoles en horas de la noche. ¿Qué sigue en este proceso?

—Llegaron el miércoles en la noche. El día viernes hubo una diligencia en el laboratorio de Medicina Legal, donde la caja que había sido guardada en un frigorífico fue puesta en una caja donde se puede preservar en frío, y se llevó a Ayacucho. Lo que queda es que el fiscal disponga un informe, que el expediente sea traducido para conocer la versión oficial.

—En otros temas, desde el Ejecutivo parece haber una mirada diferente sobre lo que viene ocurriendo. Ahí los más de 60 fallecidos no parecen constituir una muestra de que hubo uso desmedido de la fuerza o algún caso de violación de los derechos humanos. ¿Percibe cierta ceguera en la presidenta Dina Boluarte y sus ministros?

—Yo lamento la decisión de la Señora Boluarte de gobernar de la manera como lo está haciendo, en una alianza evidente con la derecha de nuestro país, con los que perdieron las elecciones y los que la terruquearon a ella misma, los que no permitieron la gobernabilidad durante el año y medio que duró el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y también (lamento) que intente sostener su Gobierno por la fuerza, a través del uso indiscriminado, abusivo y violento de las fuerzas policiales y armadas.

Evidentemente, desde diciembre se han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos no solo con las detenciones arbitrarias, sino con esta prohibición expresa de movilizarnos, con bombas lacrimógenas que le causaron la muerte a un ciudadano, el ingreso a San Marcos, así como el crimen contra más de 50 compatriotas. Es algo que lamento, y expreso mi solidaridad con las víctimas. Es algo que duele y que demuestra que no sabemos aprender de estas respuestas violentas del Estado. A fin de cuentas, las familias no se recuperan. Nosotros venimos luchando casi 30 años.

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Por otro lado, también es evidente que hay un copamiento del poder y no solo esta alianza entre el Ejecutivo, la derecha y un sector del Congreso, sino también operadores más legales, como el Ministerio Público y el mismo Poder Judicial. El abrir procesos a personas detenidas por terrorismo realmente es un absurdo y un atropello al derecho de la protesta que todos tememos. La oficialización del terruqueo es un peligro para quienes lo hemos sufrido.

—Ya han aparecido videos sobre cómo falleció Santisteban Yacsavilca en Lima, así también imágenes sobre cómo se produjeron algunas de las muertes en Ayacucho, pero solo vemos detenidos bajo prisiones preventivas de un solo lado. ¿Qué cree que está pasando en el terreno de las investigaciones fiscales?

—Creo que parte de esta autocracia en la cual estamos viviendo es justamente la impunidad, este querer desconocer que los crímenes vienen desde los agentes del Estado con una orden política en mente. El Consejo de Ministros tiene en mente las decisiones políticas y militares que se vienen tomando para reprimir a la gente y hace caso omiso de las denuncias. Cuando hablaba de un casi acuerdo con el Ministerio Público y el Poder Judicial, es justamente para proteger la impunidad con la que se están cometiendo estos crímenes. Aquí no hay un resurgimiento de Sendero (Luminoso) ni mucho menos está tomando nuestro país. Todas las denuncias las están encausando en crimen organizado o terrorismo. Hay un trastrocamiento de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Hay un afán de imponer un discurso oficial que nada tiene que ver con lo que está pasando. Definitivamente, hay un pacto de impunidad. Pese a los videos o pruebas, no hay ni un solo militar denunciado, y eso hay que denunciarlo.

—A través de un informe, Amnistía Internacional acusó a las autoridades peruanas de actuar con "un marcado sesgo racista" en la represión de las protestas al atacar a "poblaciones que históricamente han sido discriminadas". ¿Comparte este análisis?

—Definitivamente, coincido con esa lectura de que hay una carga de racismo muy fuerte y un castigo de las élites que toman decisiones políticas y militares hacia regiones que mayoritariamente votaron a favor de Pedro Castillo, incluso en las justificaciones para la violencia —al decir que, si toman un aeropuerto, qué quieren, como contraponiendo el aeropuerto y la vida de las personas, cuando no hay ningún punto de comparación—. Se ve como que se puede matar a estos serranos porque son prescindibles, cuando eso no es así. Estos familiares tienen dos meses denunciando y no vemos investigaciones serias.

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—Todos se preguntan lo mismo, pero la pelota del adelanto de elecciones parece ir de la cancha del Congreso a la del Ejecutivo y viceversa. ¿Cree que lograremos tener nuevas elecciones o nos vamos con esta clase política hasta el 2026?

—El adelanto de elecciones debería ser la primera prioridad del Ejecutivo y el Legislativo. Evidentemente, hay un pacto para que ese adelanto no se dé. Yo creo que se va casi normalizando el que se queden hasta el 2026, lo que a mí me parece una vergüenza. Ningún Gobierno se puede sostener sobre la vida de estas personas que han sido asesinadas. No hay legitimidad social para Dina Boluarte, menos para el Congreso de la República, que no estuvo a la altura desde el inicio. Siempre tuvo una agenda propia y los resultados están en las encuestas.

—Se cuestiona el carácter democrático del Gobierno de Dina Boluarte y algunos señalan que vamos camino a una dictadura. ¿Usted qué piensa?

—Yo no creo que estemos en una democracia, una democracia que no respeta a sus ciudadanos y el derecho a la protesta, cuya primera acción es golpear y asesinar, no es una democracia. O es una autocracia que intenta imponerse y estamos camino a una dictadura, porque ya hay un copamiento de las instituciones del Estado… El Congreso está completamente alienado con el Gobierno; el Ministerio Público está alineado con el Gobierno; el Poder Judicial se encamina para ello; y el Tribunal Constitucional, evidentemente elegido por el Congreso, está también obedeciendo el mandato por el que fue elegido. Quieren tomar la Defensoría del Pueblo a la mala. Estamos en una autocracia y camino a una dictadura.

—Estamos en un punto crítico en nuestras relaciones con México tras el retiro definitivo del embajador del Perú de ese país. ¿Vamos rumbo a un aislamiento? El Congreso parece también alienado en esa dirección.

—Definitivamente, hay una lectura equivocada de la necesidad de cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, con nuestros países pares. Al Gobierno de Dina Boluarte no le gustan las críticas del presidente (Gustavo) Petro o del presidente de México (Manuel López Obrador). La primera respuesta que tiene no es escuchar las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, sino romper relaciones o declarar como personas no gratas (a funcionarios de otros países). Me parece una respuesta muy infantil la que está teniendo este Gobierno. Si esto sigue así, quedaremos aislados.

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—Si tomamos el precedente más reciente, con Inti Sotelo y Brian Pintado no se alcanzó una justicia política ni judicial. ¿Cree que los responsables de las más de 60 muertes tendrán algún rostro que responda por lo ocurrido en un futuro?

—Yo creo que finalmente así va a ser en este caso y también con los responsables por las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado. En realidad, no se ha alcanzado una justicia ni política ni judicial aquí en el Perú, pero, una vez que se agota la vía interna, se recurre a las vías interamericanas, lo cual es un proceso lento, pero que también está para la búsqueda de justicia. Yo creo que se va a dar y no solo para Manuel Merino y sus funcionarios, sino para este Gobierno (de Dina Boluarte) también.

—Usted fue ministra de Pedro Castillo. ¿Qué piensa sobre su situación actual?

—Él está detenido producto de la decisión política de dar un golpe, más allá de que la acusación sea correcta o no, si se cometió o no, si solo fue una intención. Yo no voy a entrar a analizar ese detalle más legal; pero a mí me daba mucha preocupación y pena, en sus últimos días de gobierno, al sentir que era un presidente muy solo, con mucha desconfianza de su entorno, sintiéndose atacado por todos lados. Ahora, alejado de su familia, debe ser muy difícil.

Por otro lado, cuando yo lo escuché el 7 de diciembre (el día del intento de golpe de Estado), me preocupó la fragilidad de nuestra democracia y cómo unas decisiones pueden afectar al sistema, que sigue siendo el mejor para nuestra convivencia pacífica como ciudadanos, y cómo se quiebra fácilmente. Fue una decisión política equivocada. Quizá las personas que le recomendaron hacer eso no le explicaron las consecuencias penales para él.

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—Finalmente, a la profesora Yaneth Navarro se le impuso 30 meses de prisión preventiva y se le señaló como la supuesta financista de las movilizaciones. Cuando fue detenida se le encontraron menos de S/2.000. ¿Qué piensa de ese caso?

—Este caso me parece una injusticia. Creo que es una clara muestra del pacto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para criminalizar la protesta, sancionar a quienes están teniendo un rol activo en estas protestas, y una venganza política porque es conocida la amistad entre la profesora y el expresidente Pedro Castillo. Quizá una venganza política con nombre propio porque evidentemente con S/1.900 no financias nada, no se financia una marcha. Hay juntas, hay rifas que se hacen para financiar. Yo he colaborado con alguna. Entonces, tendrían que meternos presos a todos.

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