Jennie Dador: “La presidenta debe renunciar y convocarse a nuevas elecciones ya”

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señala que Dina Boluarte tiene responsabilidad por las víctimas que ha dejado la represión y que muestran que hubo un patrón, pues lo que pasó en Juliaca, sucedió en Ayacucho, y en Andahuaylas. Pide una investigación imparcial para determinar a los responsables directos y mediatos.

-La Coordinadora envió una carta a fiscal de la Nación, preocupados por el abocamiento del subsistema de crimen organizado a la investigación de las muertes de civiles en las manifestaciones ¿Qué implica ello?

-La preocupación viene porque, lejos de fortalecerse el subsistema de derechos humanos para que estos crímenes sean vistos por los fiscales especialistas en derechos humanos, que tienen una aproximación y conocimiento de este tipo de casos. Los fiscales de crimen organizado tienen otras experticias, seguramente son muy buenos en casos de bandas y corrupción, pero no tienen las mismas habilidades para detectar los indicios apropiados en una investigación de derechos humanos y documentarlos debidamente. Hay que documentar bien los casos desde un inicio, sino después se tendrán que exhumar cuerpos, revictimizando a los familiares. Además, se quiere fortalecer las fiscalías de terrorismo, cuando actualmente la carga procesal por terrorismo es baja, porque ya no es el contexto de país, pero si de pronto se quiere fortalecer esas fiscalías, nos lleva a pensar que están encausando todo esto como si fuera terrorismo. Eso, que en el discurso se llama terruqueo, ahora van a querer procesar judicialmente por las protestas.

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-¿El terruqueo como forma de tildar a los que protesta busca limitar el derecho de los ciudadanos a expresar su disconformidad?

-Busca instrumentalizar la justicia para legitimar el discurso de que los que protestan son terroristas, y con eso mandas un mensaje a la sociedad en su conjunto de si protestas, mira lo que te va a pasar, ya no es solo que te hieran, sino que vas a la cárcel por terrorismo, 15, 20 años, y vas a quedar estigmatizado para toda tu vida. Eso no solo genera temor en la sociedad, sino autocensura, y eso es muy peligroso en una democracia.

-¿Se quiere meter en el mismo saco a la gente que protesta con los vándalos?

Así es. En toda movilización se pueden infiltrar algunos pillos que van a hacer actos de violencia, o pueden ser manifestantes más anárquicos, pero eso no convierte a la protesta en ilegítima. Los estándares de derechos humanos señalan que se debe identificar a los pillos violentos, separarlos y neutralizarlos, no tienes que salir indiscriminadamente a tirar bala a todos los que están protestando, ni procesar a todos, ni colocar a toda la protesta bajo el título de crimen organizado, que es otra figura penal. No niego que haya elementos que ejercen violencia, pero para eso están los aparatos del Estado y el sistema de inteligencia que, en vez de estar siguiendo periodistas o defensores de derechos humanos, deberían identificar quienes son los violentistas en las protestas.

-¿Qué esperan de la delegación de la CIDH que está en Lima?

-La comisión está siguiendo el trabajo del grupo de avance que vino el mes pasado. Esperamos que haga un informe contundente, que haga recomendaciones específicas al Estado peruano. No va a resolvernos la vida, pero tendrá que ver con generar condiciones que puedan asegurar hacia adelante para un proceso de diálogo, porque ahorita no hay condiciones. Estuvieron un grupo de ministros en Juliaca y regresaron señalando que no han encontrado cabezas con quiénes dialogar, pero lo que pasa es que no hay condiciones para dialogar. No puedes llegar a Juliaca, donde la gente está enterrando a sus familiares asesinados, donde el jefe policial y militar de la región siguen siendo los mismos y no los han cambiado ni siquiera como señal. ¿Así, cómo puedes pretender que la gente vaya a dialogar contigo? Esperamos que mejores las condiciones y cese la violencia, que se atienda a los heridos, que se evacúe a los que necesitan, porque la infraestructura de salud en Puno y en otras regiones es pobrísima y el personal de salud no se da a vasto, y hay heridos de gravedad que requieren una atención especializada. Eso también es parte de crear condiciones para dialogar. Y otra cosa: que se asegure una investigación justa, oportuna, imparcial, especializada, y quizás, la CIDH puede proponer que, como ha ocurrido en algún momento en otros países, un grupo internacional de expertos venga a realizar la investigación en el país, al margen de las responsabilidades penales que se ven en otro nivel. Pero se necesita peritos expertos, porque aquí los peritos de balística son de la policía y van a ver los casos en que la policía ha disparado. Hay una serie de cosas que la comisión puede incorporar en sus recomendaciones, pero también debe hacer un proceso de seguimiento al Estado peruano, para que vaya informando de las medidas que está implementando.

-En un reciente comunicado han pedido la renuncia de la presidenta Boluarte y que se convoquen a elecciones generales como salida a esta crisis ¿Por qué?

-Hay un conjunto de vulneraciones que ya veníamos detectando y que se han intensificado, y tiene que ver con detenciones arbitrarias, detenciones masivas, uso de la fuerza desproporcionada. No tenemos información sobre cuáles son los pertrechos que usa la policía, cuáles son sus procesos formativos. No hay un mecanismo de rendición de cuentas para informar a la ciudadanía. Hay un protocolo, pero no siempre se cumple; y está la modificatoria el año 2020 que se conoce como la ley del gatillo fácil, que exculpa de responsabilidad que en uso de función tiene consecuencias. Hay una serie de falencias, y consideramos que hay una responsabilidad política, y seguramente con el tiempo se determinará la responsabilidad penal. Hay una responsabilidad política porque lo que ha ocurrido en Juliaca, ha ocurrido en Ayacucho, en Andahuaylas. Acá no son tres o cuatro efectivos sueltos que no cumplieron con sus protocolos y se mandaron por la libre. Acá hay un patrón de actuación, debe haber una cadena de mando y eso puede llevar a los responsables inmediatos, pero también a los mediatos. Y si la presidenta dice que ella no ha ordenado que disparen, pero en verdad lo hizo, tiene responsabilidad; y si no lo hizo, también porque está pintada en la pared. La presidenta debe renunciar y convocarse a nuevas elecciones ya.

-Si Boluarte renuncia, se quedaría el presidente del Congreso. ¿La población aceptará a José Williams?

-Podría ser, pero la propuesta es, como en dos oportunidades anteriores, claro que en contextos distintos y otros congresos, que se haga un cambio en la mesa directiva del Congreso, renuncie la presidenta y se convoquen elecciones ya. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que se pueden hacer en 5 ó 6 meses. No habrá primarias, ni reformas, pero ya no hay margen para eso en este momento porque nos están matando. Hemos pasado de una crisis política, de representación, de debilidad de la democracia, a una crisis de derechos humanos. Ahorita lo que necesitamos es que paren de matarnos.

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