Contraloría apoyará a la Fiscalía en las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo
Entidad dio cuenta de tres nuevos casos en los que se evidencian “indicios de presuntas irregularidades”; también se designará un equipo de auditores de apoyo para el desarrollo de las investigaciones.
Tras haberse reunido con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el contralor General de la República, Nelson Shack, anunció que su institución brindará todas las facilidades al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción en el Poder en las investigaciones hacia el presidente Pedro Castillo.
En el encuentro, llevado a cabo este viernes en las instalaciones del Ministerio Público, Shack resolvió que la CGR desplegará un equipo de auditores de apoyo en favor de la Fiscalía que se encargarán de coadyuvar de manera mutua las investigaciones y acciones de control que están en plena ejecución” por parte de ambas instituciones respecto a las denuncias de irregularidades “en la contratación de obras públicas”.
Adicionalmente, la Contraloría dio cuenta a la Fiscalía de la Nación de tres licitaciones en las que “se evidencian indicios de irregularidades y presunta responsabilidad de funcionarios públicos”. Estas incluyen al destaque de una persona en el despacho presidencial; una licitación para la construcción de un puente vehicular Tarata III; y el proceso de adquisición de la compra de biodiésel durante inicios de este año.
PUEDES VER: Fiscalía llegó a Palacio para incautar videos de cámaras de seguridad por caso Yenifer Paredes
La CGR también detalles sobre otras investigaciones relacionadas con las licitaciones de obras públicas realizadas en la localidad de Anguía, la cual tiene como alcalde al ahora preso de manera preventiva por 30 meses, José Nenil Medina.
Otro punto en el que el contralor presentó especial atención es en la presentación de un registro de visitas. “Se viene realizando el cruce y análisis de información en relación con las visitas que recibieron algunos funcionarios de dependencias del Poder Ejecutivo de parte de personas vinculadas a empresas que se habían adjudicado obras públicas”.
La Contraloría calificó estas reuniones como posibles puntos de “configuración del delito o manejo irregular de las adjudicaciones y contrataciones”, acciones que serán revisadas por la Fiscalía de la Nación.